Gobernación de Atlántico responsabilizó a Gobierno de impuestos que Air-e dejaría de pagar

La Gobernación del Atlántico exigió a la intervenida empresa Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos cumplir con la ley y continuar con el recaudo de impuestos en los recibos.

Lo anterior, después de que el agente interventor de la comercializadora de energía asegurara que los rubros correspondientes a la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y Alumbrado Público iban a ser desagregados de las facturas.

A través de una carta, el gobernador Eduardo Verano advirtió que, si el departamento deja de percibir los recursos, será el Gobierno Nacional el que asuma la responsabilidad de invertir en seguridad.

“Si el departamento deja de percibir estos recursos, será el Gobierno nacional quien asuma estos pasivos, es decir, la responsabilidad de invertir en materia de seguridad, construir espacios para la sana convivencia como plazas y parques, casa refugio para proteger a las mujeres ante riesgo de violencia en el seno de su hogar y optimizar el alumbrado público”, aseguró.

Asimismo, recordó que, las obligaciones que le asisten a Air-e como responsable del recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el impuesto por Alumbrado Público, están contempladas en las normas del Estatuto Tributario del Departamento.

“En desarrollo de esa labor de responsables del recaudo y según el artículo 170 del Estatuto Tributario Departamental, los comercializadores, distribuidores y/o prestadores del servicio de energía eléctrica deberán declarar y trasladar lo recaudado al Departamento del Atlántico dentro de los primeros 20 días calendario del mes siguiente al del recaudo”, señaló la autoridad departamental.

Según Verano, bajo la Ley 142 y 143 de 1994 –se reglamenta dicho cobro, así como los responsables de liquidar, recaudar y declarar la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.

“No queda duda entonces, que el deber que le asiste a la sociedad Air-e S.A.S E.S.P. en su calidad de empresa comercializadora de energía eléctrica que opera en el Atlántico, es el de recaudar la tasa de seguridad y convivencia ciudadana con relación a sus usuarios, imposición normativa que deviene de un acto administrativo de carácter general, el cual es, a saber, el Estatuto Tributario Departamental”, explicó la Gobernación.

El gobernador del Atlántico también advirtió que la Constitución Política de 1991 establece un mecanismo para acudir ante las autoridades judiciales para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo.

En este sentido, fue enfático en que la “Acción de incumplimiento” procede también contra los particulares, que como requisito de procedibilidad señala que, previamente se debe requerir a quien se reclame el cumplimiento del deber legal o administrativo y este sería ratificado en su incumplimiento o no, haya contestado dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud.

Por otro lado, el secretario Jurídico departamental, Rachid Náder Orfale, sostuvo que el anuncio de Air-e pondría en riesgo las finanzas de la Gobernación del Atlántico y que nunca fueron notificados formalmente de la medida.

“Actualmente, esta tasa se encuentra fundamentada en la ley y en ordenanzas departamentales las cuales determinan los tributos y establecen la posibilidad de que el ente territorial proceda a su cobro a través de la facturación de la energía eléctrica, por tanto la decisión del Gobierno nacional no puede estar por encima de la ley”, precisó.