Entregarán 18.000 hectáreas para reparar a víctimas del paramilitarismo en Colombia
Gracias a la alianza entre la unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras, los campesinos víctimas de paramilitares recibirán predios en el marco de la Reforma Agraria.
Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.
Colombia
En un importante paso hacia la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, la Unidad para las Víctimas (UPV) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han concretado la adquisición de 18.000 hectáreas de tierras. Este acuerdo, que marca la primera venta masiva de terrenos del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) a la ANT, tiene como objetivo principal proporcionar a campesinos afectados por el paramilitarismo nuevas oportunidades para la vida y el trabajo.
La transacción representa una inversión de más de 175.000 millones de pesos ($175.940.802.693), lo que permitirá que las víctimas del conflicto reciban no solo tierras, sino también un apoyo económico para su reintegración. Según Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, este acuerdo beneficiará a aproximadamente 5.000 personas reconocidas en sentencias de Justicia y Paz.
“Heredamos un gran rezago en la reparación a quienes sufrieron el conflicto armado, algo que ha devenido en muchísimo sufrimiento para ellas. Con este paso, esperamos reparar alrededor de 5.000 víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz”, Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas. Por su parte, Felipe Harman, director de la ANT, añadió que esta compra masiva de tierras es posible gracias a la voluntad política de ambas entidades para superar las barreras institucionales que han limitado la reparación.
Las tierras que serán entregadas provienen de antiguos territorios controlados por grupos paramilitares, y su distribución se centrará en departamentos como Antioquia, Córdoba y Santander. Estos predios, que habían permanecido ociosos durante años, ahora se pondrán al servicio de las comunidades campesinas.
Además, la reciente modificación del convenio permitirá una toma de posesión más ágil de las tierras, lo que acelerará el proceso de entrega y facilitará la implementación de proyectos productivos. Con la posibilidad de adquirir hasta 130.000 hectáreas adicionales, el convenio abre nuevas oportunidades para el desarrollo rural y la justicia social en el país.
Este acuerdo es un testimonio del compromiso del Gobierno nacional con la reparación integral y la justicia para las víctimas del conflicto armado, reafirmando la importancia de la restitución de tierras y el apoyo a la población campesina de Colombia.