“¿Queremos que un gobernador decida qué aguardiente tomar?”: Pablo Robledo sobre monopolio

La Corte Constitucional avanza en el estudio del monopolio del aguardiente en las regiones, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 que permite a los departamentos suspender, hasta por seis años, la venta de licores de otras zonas del país.

La W conoció varios de los conceptos que la Corte está analizando antes de la audiencia pública programada para el próximo 7 de octubre.

El demandante alega que dicha norma vulnera la libertad económica y afecta el principio unitario, el régimen de autonomía de las entidades territoriales y las finalidades del Estado colombiano.

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Federación de Departamentos se oponen a los argumentos del demandante, defendiendo el monopolio del aguardiente ante la Corte.

La Superintendencia, en su concepto, subraya que ningún derecho constitucional, incluida la libertad económica, es absoluto, y aunque la norma podría parecer una limitación a la libertad empresarial, no constituye una restricción a la competencia “per se”.

Este concepto resalta cómo la protección temporal ante la competencia externa permite optimizar la producción y comercialización del aguardiente, generando mayor eficiencia operativa, lo que podría traducirse en precios más bajos y productos de mejor calidad para los consumidores. Además, destaca que esta medida fomenta la creación de empleo, aumenta los ingresos fiscales y promueve la innovación, asegurando la sostenibilidad y competitividad futura de la industria.

Asimismo, la Superintendencia señala que las rentas generadas por el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 deben destinarse principalmente a financiar los servicios de salud y educación en los departamentos, beneficiando a toda la población, y que es el legislador quien debe garantizar un modelo que equilibre estos servicios con la libre competencia económica.

Por su parte, la Federación de Departamentos advierte que eliminar las protecciones regulatorias podría llevar a una caída en las ventas de las licoreras departamentales, afectando sus ingresos fiscales destinados a salud y educación, e incluso llevando a la quiebra a algunas de estas empresas. Argumenta que las utilidades generadas por las licoreras forman parte del monopolio y persiguen fines constitucionales, por lo que no se deben anteponer los intereses económicos a los derechos fundamentales de educación y salud.

Además, sostiene que el ingreso de aguardientes de otras regiones no compensaría las pérdidas fiscales debido a la inelasticidad de la demanda, y que una disminución en la producción impactaría negativamente el empleo y la economía local.

En contraste, la Universidad de Los Andes cuestiona la necesidad de los monopolios departamentales, argumentando que no son indispensables desde una perspectiva fiscal y son perjudiciales para el bienestar social. La universidad resalta que el consumo excesivo de alcohol genera problemas sociales como violencia doméstica y baja productividad, y sugiere que aumentar los impuestos sobre el alcohol es una medida más efectiva para reducir el consumo, en especial entre los jóvenes.

Finalmente, la Gobernación de Caldas, productora del Aguardiente Amarillo, defiende la expansión de la industria, argumentando que el monopolio sobre licores contribuye al bienestar común, financiando principalmente los servicios de salud y educación. Sin embargo, señala que el artículo 28 limita la obtención de rentas derivadas de la comercialización de aguardientes de otras regiones, afectando negativamente dichos ingresos. Además, considera que la norma vulnera los derechos de los consumidores al restringir su libertad de elección y limitar la competencia en el mercado.

Para profundizar sobre la demanda, La W habló con el accionante, el ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, quien sostiene que el monopolio del aguardiente vulnera la libertad económica. Y para tener el punto de vista de alguno de los departamentos, con el mayor general gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien se opone a la eliminación del monopolio.

Pablo Felipe Robledo, quien lidera la demanda, señala que la norma es inconstitucional. “Lo que nosotros estamos diciendo es que esa ley vulnera la libertad económica. ¿En qué país queremos vivir? ¿Queremos vivir en un país donde el gobernador de un departamento les diga a los consumidores qué aguardiente pueden tomar o en uno donde se puedan vender todos los aguardientes en igualdad de condiciones, y que sea el consumidor quien decida?”, argumenta Robledo.

Para el exsuperintendente, el objetivo es que el mercado de los aguardientes sea competitivo y no dependa de restricciones impuestas por los gobernadores en beneficio de sus propias licoreras, señalando que estas medidas solo buscan proteger la ineficiencia de las empresas de licores departamentales.

“Necesitamos eliminar esa norma y avanzar hacia un modelo en el que sean los ciudadanos los que elijan qué producto consumir”, concluyó.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, defiende el monopolio y argumenta que la norma vigente permite generar recursos para el departamento, dinamizar la economía local y proteger a los campesinos que producen las materias primas.

“No se trata de estigmatizar a las licoreras como ineficientes. Empresas como la de Caldas, que defiende Robledo, son eficientes y quieren entrar a otros mercados. Pero las gobernaciones también tienen la responsabilidad de generar empleo y proteger la economía local. La venta de aguardiente producido en el departamento ayuda directamente a sectores como el de los campesinos, que dependen de la producción de mieles y alcohol”, explicó el mandatario.

El gobernador concluyó que la norma, que es constitucional y fue aprobada por el legislativo, está en manos de la Corte para su revisión definitiva. “Nosotros defendemos los intereses de los santandereanos y esperamos que la Corte tome una decisión sin estigmatizar a ninguna de las partes”, enfatizó Díaz Mateus.

Ambas posturas serán debatidas el próximo 7 de octubre en la audiencia pública que la Corte Constitucional ha convocado para analizar a fondo la legalidad del monopolio rentístico del aguardiente en Colombia.