La W conoció en primicia que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de la empresa Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) S.A. en las tierras que han sido identificadas en Tulapas (Urabá) y que antes de quedar en manos de esa compañía, fueron despojadas por paramilitares y el Fondo Ganadero de Córdoba a campesinos.

La decisión se fundamentó en la adopción de medidas cautelares para garantizar los derechos a la reparación y la no repetición de los campesinos que fueron víctimas de esos crímenes, y ante, lo probado por las confesiones de los exdirectivos del Fondo (como Benito Molina y Benito Osorio) así como exparamilitares, se tiene una “presunción de ilegalidad”, de la RIA sobre esos predios.

“Este despacho relator en desarrollo de la instrucción ha establecido preliminarmente que el uso y explotación de los cultivos forestales (teca, acacia, caucho y melina, principalmente) en la región geográfica de Tulapas tiene una presunción de ilegalidad, en tanto, se adelanta en predios adquiridos de forma criminal en perjuicio grave de víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y despojo” señala la decisión conocida por La W.

De hecho, dentro de la investigación se ha establecido que el Fondo Ganadero de Córdoba, aliado de la casa Castaño en el despojo, en el año 2006 entregó el usufructo de muchas de esas tierras adquiridas de forma criminal o robadas, a la Reforestadora Integral de Antioquia - RIA), Procaucho, Incuagro, mencionadas en el expediente.

“Mediante escrituras públicas No. (s) 1097 y 1098 del 19 de septiembre de 2006 decidieron dar en usufructo por 25 años, 17 de esos predios a las empresas PRODUCTORA DE CAUCHO SAN PEDRO S.A., PROCAUCHO y REFORESTADORA INDUSTRIAL DE ANTIOQUIA (RIA) entidades que explotaron árboles de teca y caucho en esos terrenos y por los que se pactó como valor de los contratos $685.027.980. y $124.280.000 respectivamente, convirtiéndose el F.G.C., en socio de esas dos empresas que a la vez eran socias de INCOAGRO (sic) los contratos fueron suscritos por BENITO ANTONIO OSORIO VILLADIEGO en calidad de Gerente del FGC autorizado por la Junta Directiva (…) El FGC también suscribió CONTRATO DE USUFRUCTO con la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA) mediante escritura Pública No. 2152 del 28 de octubre de 2005 sobre un lote de 314 hectáreas durante 15 años y por un valor de $21.686.340″, dice la decisión.

Ante esta realidad, y en el marco de las medidas cautelares adoptadas por la jurisdicción se ordenó, además de la protección de la zona, y la suspensión de operaciones de la RIA, la realización de una mesa técnica con distintas entidades, para determinar el futuro de esos predios y la reparación a los campesinos.

Pero también, la JEP indicó que según registros del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) en la zona de Tulapas, para plantación de Teca, la RIA cuenta con más de 1.500 hectáreas registradas, que significan más de 27.600 metros cúbicos de árboles sembrados entre 2006 y 2009, fecha para la cual se estaba presentando la desmovilización de las AUC.

Cabe recordar que según el expresidente del Fondo Ganadero, Benito Molina, como lo reveló La W, el negocio de la entrega de las tierras a la RIA fue liderado por el gerente Benito Molina y el procesado empresario Luis Gonzalo Gallo.

“El proyecto con RIA sigue vigente, los árboles de teca están siendo cortados en la finca la “52″ según habitantes de las Tulapas [al tiempo que vienen presentándose] amenazas a todos aquellos reclamantes de tierras. Los cortes de madera se hacen sin ninguna restricción por parte de las autoridades colombianas” señaló Benito Molina ante la JEP.

Asimismo, adicional a la suspensión del permiso para explotar las tierras, la JEP le solicitó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que realice un informe catastral con el fin de que identifique “patrones y actores involucrados” en acaparamiento de tierras por parte de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) entre 1995 y 2016.

Además de la suspensión temporal sobre las actividades de la RIA en esos predios, lo que incluye también la comercialización de la madera, la JEP ordenó la suspensión de expedición de permisos, registros y autorizaciones para el traslado de madera procedente de plantaciones forestales “con fines comerciales” que se adelanten en Tulapas, para lo cual la labor de vigilancia deberá ser adelantada por CorpoUrabá.

“Tendrá a su cargo el seguimiento a la movilización de productos y subproductos de las plantaciones forestales comerciales de la región geográfica de Tulapas en Urabá, por medio de retenes, y operativos, o cualquier otra actividad de la misma naturaleza, que defina. Para ello, deberá apoyarse en las autoridades locales, departamentales y nacionales, en coordinación con la Policía Nacional y la Fuerza Pública” ordenaron.

La JEP cita y ordena la instalación de una mesa técnica para definir el futuro de esos predios

Con el fin de determinar cómo se agiliza la restitución a las víctimas de despojo de tierras y el futuro de los predios que actualmente explota la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) tras su negocio con el Fondo Ganadero de Córdoba que involucra estos predios robados, la magistratura ordenó la realización de una Mesa Técnica el próximo 15 de octubre en la JEP con participación de Mindefensa, la Unidad de Restitución de Tierras, el Minjusticia entre otras entidades.

“Como resultado de la articulación interinstitucional, se defina un PLAN DE TRABAJO a partir de la clarificación de competencias y responsabilidades para garantizar el cumplimiento efectivo de lo ordenado en esta providencia” se lee en el documento.

También se determinó la conformación de una comisión de seguimiento compuesta por la ANT, el IGAC, el ICA, Corpourabá, así como organizaciones de víctimas la cual tendrá como función presentar en tres meses el estado de verificación de los títulos de los predios en Tulapas identificando matrículas inmobiliarias, opositores, ocupantes, baldíos entre otros datos.

Además deberá llevarse a cabo la realización de una caracterización de la zona. Allí, el IGAC y la ANT deberán entregar a la JEP un listado con la “fragmentación y distribución de la propiedad rural” en Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo “detallando lo correspondiente a la región geográfica de Tulapas e identificando la situación actual de acumulación de tierras, así como quienes figuran como propietarios a la fecha”.

Adicional a lo anterior, la jurisdicción aseguró que avanzará en la investigación sobre el destino de varios créditos (captación de recursos públicos) otorgados por el Banco Agrario, Finagro y el Ministerio de Agricultura que habrían terminado, con la intermediación de ejecutivos del Fondo, en la causa paramilitar el Bloque Elmer Cárdenas.

También, se puso de presente la grave situación de riesgo que se vive en esa zona de Urabá debido a la presencia del grupo criminal Clan del Golfo, el cual ha venido realizando atentados y labores de intimidación contra personal judicial y de restitución de tierras que visita la región, teniendo en cuenta que mantendría los mismos intereses de las AUC pero actuando de forma menos visible.

Por esto, ante las labores que se requiera realizar en terreno, se ordenó el acompañamiento del Ministerio de Defensa a los funcionarios y reclamantes de tierras.

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