Judicial

Admiten demanda contra decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel

El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 1047 de 2024, que prohíbe la exportación de carbón a Israel. La acción fue presentada por Miguel Uribe, Paloma Valencia, Paola Holguín y Claudia Margarita Zuleta.

Imagen de referencia de exportaciones de carbón. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de exportaciones de carbón. Foto: Getty Images. / Bloomberg Creative

El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, el cual establece la prohibición de exportar carbón a Israel. La demanda fue presentada por un grupo de senadores y representantes a la Cámara, entre ellos Miguel Uribe Turbay, Paola Holguín y Paloma Valencia; y la abogada Claudia Margarita Zuleta, quienes sostienen que este decreto es arbitrario y afecta los intereses económicos del país.

El decreto fue expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con los ministerios de Minas y Energía, Relaciones Exteriores y Hacienda. Sin embargo, los accionantes consideran que la medida de los ministerios vulnera derechos y no cumple con los principios legales establecidos.

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Con ponencia del magistrado Milton Chaves, la corporación, por medio de un auto, ordenó notificar a los ministerios involucrados, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes deberán responder a la demanda dentro de un plazo de 30 días. Además, las entidades demandadas deberán remitir los antecedentes administrativos: “que dieron origen al decreto”, dice el documento.

Miguel Uribe Turbay, uno de los demandantes, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado:

“El Consejo de Estado admitió nuestra demanda en contra del decreto que prohíbe de manera arbitraria las exportaciones de carbón a Israel. Además, ordena correr traslado de las medidas cautelares al Gobierno para que se pronuncie al respecto.”

Recordemos que la Fundación Estado para el Derecho también demandó el mismo decreto, argumentando que infringe principios fundamentales como la libertad de empresa, la libre competencia económica y la estabilidad macroeconómica.

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