Abren proceso y formulan cargos contra cabezas de presunto cartel de blindados de UNP
La W conoció en primicia que la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que Ricardo Garrido Cantor y Alejandro Salvino Caicedo están obstruyendo la investigación.
Blindados de UNP. Foto: Getty Images / EITAN ABRAMOVICH
Hay avances de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el presunto cartel de carros blindados que contrata con la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La W conoció en primicia que la SIC abrió un proceso sancionatorio y formuló pliego de cargos contra los representantes legales de Nacional Rent Car y Blink Security. Estamos hablando de Ricardo Garrido Cantor y Alejandro Salvino Caicedo, respectivamente, quienes, según esta entidad, están obstruyendo la investigación.
Pero además, la SIC señala que presuntamente, han incumplido las órdenes que esa entidad ya les había dado.
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“Conforme con el material probatorio presentado en esta actuación, se observa que Ricardo Garrido Cantor afirmó en varias oportunidades que en estos correos electrónicos había información de carácter mixto y se negó a autorizar la recolección de la información que podría resultar relevante para los propósitos de esta Entidad sin ofrecer una justificación suficiente para ese comportamiento, más allá de la protección al derecho a la intimidad, que como quedó demostrado, estaría salvaguardado en el procedimiento forense. Debido a esto, se habría configurado una omisión al deber de acatar las instrucciones impartidas por la Superintendencia y con esto una posible obstrucción a la actuación administrativa adelantada en ese caso. Esa conducta constituye una infracción al régimen de protección de la libre competencia”, señala la resolución.
Asimismo, la resolución contra Salvino argumenta que él “afirmó en varias oportunidades que en su celular maneja información de carácter mixto y se negó a autorizar la recolección de la información que podría resultar relevante para los propósitos de esta entidad con lo cual habría configurado una omisión al deber de acatar las instrucciones impartidas por la Superintendencia y con esto una posible obstrucción a la actuación administrativa adelantada en ese caso. Esa conducta constituye una infracción al régimen de protección de la libre competencia”.
Recordemos que en marzo de este año la SIC ordenó la suspensión inmediata de acuerdos anticompetitivos en procesos de contratación de vehículos blindados de la UNP y comportamientos que pongan en peligro la vida y la integridad de personas en condiciones críticas de seguridad.