Exparamilitar señala a la Drummond en el asesinato de otro sindicalista en 2001

La W tuvo acceso a las declaraciones que rindió ante dos salas de la JEP uno de los más relevantes testigos dentro de los procesos penales en los que se investiga la presunta financiación de la multinacional Drummond a los paramilitares en el Cesar y la supuesta participación de directivos en el plan de asesinato de sindicalistas de Sintraminenergética, sindicato de la compañía.

Se trata de Jairo Jesús Charris, exjefe de seguridad de la empresa ISA, contratista de alimentos de Drummond, y antigua mano derecha de Jaime Blanco Maya, el dueño del contrato y testigo principal en el expediente que tiene al actual presidente José Miguel Linares y al expresidente Augusto Jiménez, en fase de juicio.

En sus declaraciones, Charris vinculó con suma gravedad a varios exdirectivos de Drummond en el plan para asesinar a otro de los sindicalistas que fueron acribillados en 2001: Gustavo Soler Mora. Según el testigo, el crimen se comenzó a fraguar en una reunión el 6 de marzo del 2001 entre James Atkins, exjefe de seguridad de la minera, Jaime Blanco Maya, y con presencia de él.

“Ese día del 6 de marzo del año 2001, el señor James Atkins, nos dijo a Jaime Blanco Maya y a Jairo Jesús Charris Castro, que tenía orden directa del señor Gary Drummond de asesinar a todos los directivos del sindicato de la multinacional Drummond, que la compañía estaba pasando por un mal momento en la venta de carbón a los mercados internacionales por culpa del sindicato de la Drummond que estaban bajando la producción del carbón y muchas voladuras a los trenes de la compañía Drummond por la supuesta relación que tenía el sindicato de la Drummond con la guerrilla de las Farc”, aseveró.

En línea con lo anterior, en el crimen de Gustavo Soler, ocurrido el 6 de octubre del 2001, y quien fue ultimado luego de denunciar los supuestos vínculos de la minera con las AUC, el testigo de cargo indicó que la orden y el planeamiento del homicidio se llevó a cabo en una reunión posterior en la base paramilitar de San Ángel, nuevamente con presencia de James Atkins, ejecutivo de seguridad de Drummond, Jaime Blanco y él.

“El señor Charris Castro manifestó que Jaime Blanco Maya participó junto a él en una reunión con James Lee Atkins el 6 de marzo de 2001 en la base paramilitar de San Ángel. Según Charris, la reunión que inició a las 9:30 de la mañana y duró dos horas, tuvo como objetivo concretar el plan criminal contra los líderes sindicales Orcasita, Locarno y Soler Mora. Allí se acordó que alias “Tolemaida” daría la orden al comandante de los urbanos, alias ‘Adinael’”, citó la JEP.

Así se materializó el homicidio de los otros dos sindicalistas, según el testigo

Pero además de afirmar ante la JEP que la compañía por medio de su jefe de seguridad, James Atkins, aprobó el asesinato del sindicalista Gustavo Soler Mora, el exjefe de seguridad de la contratista también narró en su declaración cómo, según él, se dio el minuto a minuto del asesinato de los sindicalistas Valmore Locarno y Víctor Orcasita (12 de marzo de 2001 antes del crimen de Soler).

Charris Castro inició reafirmando que este par de homicidios como el de Gustavo Soler Mora contaron con el beneplácito del presidente de la compañía de la época, Augusto Jiménez, y señaló la presunta contribución de varios directivos en la materialización de los asesinatos.

En su relato, el compareciente dijo que en la misma reunión del 6 de marzo del 2001 donde se determinó matar a los sindicalistas (quienes se mostraban inconformes con el contrato de alimentos a cargo de Blanco Maya y hacían otras exigencias) se distribuyeron las labores en las que intervendrían directivos de Drummond para consumar el crimen.

Por ejemplo, mencionó que el coronel (r) Luis Carlos Rodríguez, jefe de seguridad de la mina La Loma, fue el encargado, por orden de James Atkins, de avisarle que Locarno y Orcasita iban saliendo de la mina para que fueran interceptados por las AUC, bajados del bus en que iban y asesinados, usándose la palabra clave que iban en camino las “dos pelotas”.

“El coronel Luis Carlos Rodríguez, también llamó al comandante “adinael” que montaron el operativo que las “dos pelotas” estaban saliendo de la mina Drummond que iban en los dos primeros buses de Transalva”, mencionó ante la JEP.

Es más, el testigo afirmó en la diligencia reservada, que desde Mike Tracy, presidente mundial de operaciones de Drummond, para abajo, pasando por el presidente de la compañía en Colombia, Augusto Jiménez, y señalando un grueso número de directivos poco mencionados hasta la fecha, sabían “lo que se iba a hacer” contra los sindicalistas.

“Mike Tracy, presidente de todas las operaciones de Drummond, Augusto Jiménez, presidente de todas las operaciones de Drummond en Colombia, Alfredo Araújo, gerente de relaciones humanas de la Drummond en Colombia, Rafael Peña Ríos, General (R) y director General de seguridad personal de servicios especiales de todas las operaciones de Drummond en Colombia, Jorge Garzón Coronel (R) jefe de seguridad de los trenes de la multinacional Drummond en Colombia, Luis Carlos Rodríguez, coronel jefe de seguridad personal de servicios especiales de la mina Drummond, Pedro Maya y Ricardo Urbina Jefe de Recursos Humanos de la mina Drummond en el Cesar y Magdalena”, fueron los nombres de los presuntos conocedores del plan que presentó el testigo ante la JEP.

Adicional a lo anterior, aseguró que se determinó que la fecha de los homicidios fuera el 12 de marzo del 2001 porque ese día se programó una reunión en las oficinas del jefe de recursos humanos, Pedro Maya, para supuestamente tratar las exigencias del sindicato. Pero, según Charris, se buscaba que Valmore Locarno y Víctor Orcasita llegaran a la reunión para luego al salir, como es de público conocimiento, ser acribillados.

Reiteró, como lo hizo en la justicia ordinaria, que los nombres de todos los sindicalistas que debían matar fueron entregados verbalmente por James Atkins, jefe de seguridad de Drummond a Jaime Blanco, como enlace de los paramilitares.

En este mismo sentido, el exjefe de seguridad de ISA le dijo a la JEP que Jorge Garzón, jefe de seguridad de los trenes de Drummond en el país, fue uno de los ejecutivos que promovió, según su versión ante la JEP, que se contratara a las AUC para que le prestaran vigilancia a la línea férrea de Drummond hasta Santa Marta.

El plan de estigmatización desde Drummond contra el sindicato previo a los homicidios, según Charris Castro

En las diligencias reservadas rendidas por el compareciente ante la JEP, además de la materialización de los homicidios y sus supuestos responsables dentro de la compañía, también habló de un plan de estigmatización contra los sindicalistas liderado por el presidente de Drummond, Augusto Jiménez, y Alfredo Araújo, exgerente de relaciones humanas de la minera, que incluía acciones para dañar su buen nombre, antes de los asesinatos.

Según lo contado por el exjefe de seguridad de la contratista de alimentos de Drummond, ideado por el presidente Jiménez se determinó la difusión de panfletos donde se señalara a Sintramienergética de tener relaciones con Simón Trinidad y las Farc.

La orden práctica fue respaldada, afirma, por el gerente de relaciones humanas de Drummond Alfredo Araújo, el general Rafael Peña Ríos, también ejecutivo de la multinacional, y James Lee Atkins, a quien se le libró orden de captura el año pasado.

De hecho, dijo que los panfletos fueron impresos en el municipio de Bosconia y organizados dentro del propio casino de la contratista ISA, para luego ser difundidos por el hoy testigo y dos escoltas de Jaime Blanco Maya: Enrique Oñate, y Edwin Angulo Blanco. Esto, indica, se llevó a cabo seis meses antes de los homicidios.

“Augusto Jiménez, presidente de todas las operaciones de Drummond en Colombia le decía constantemente a Jaime Blanco Maya que hay que repartir unos panfletos donde diga que el sindicato de la Drummond eran guerrilleros y que él estaba de acuerdo con el plan criminal en contra del sindicato”, aseveró Charris Castro.

Por otra parte, debido a la supuesta intermediación que, según el testigo, hacían Blanco Maya y Charris entre las AUC y la Drummond, expresó que recibía llamadas de oficiales como el coronel (r) Luis Carlos Rodríguez, el teniente César Agudelo, el teniente (r) Néstor Ramírez y el capitán (r) Wilmer Aguirre para que alertara a las AUC con el fin de que brindaran seguridad a la salida de contratistas americanos y las tropas del Ejército para minas como El Descanso.

“Que yo le avisara al comandante militar de la zona Jhon Jairo Esquivel Cuadrado alias “El Tigre” que estuvieran pendiente con los americanos de la zona”, mencionó.

En otro punto de interés, el testigo sostuvo que la supuesta alianza entre la Drummond y los grupos paramilitares también derivó en el asesinato de líderes sociales del Cesar y el Magdalena quienes interponían quejas por la contaminación ambiental que generaban los trenes que transportaban el carbón desde las minas hasta el puerto en Santa Marta. Es más, expresó que a algunos líderes los hacían pasar como guerrilleros de las Farc luego de matarlos.

“Dentro del contexto de violencia en la zona carbonífera del departamento del Cesar y Magdalena esta fue auspiciada por la financiación de la multinacional Drummond, al frente Juan Andrés Álvarez, las muertes, los desplazamientos y las desapariciones se incrementaron significativamente para brindar protección a la multinacional Drummond”, señaló el testigo.

La respuesta de Drummond a las declaraciones del testigo ante la JEP

En una comunicación entregada a La W, la compañía multinacional respondió a los señalamientos del testigo, asegurando que son infundados y mentirosos. Comenzaron por reiterar que en el pasado Jairo Jesús Charris buscó extorsionarlos y, que, sostienen, este compareciente, fue objeto de pagos por parte de abogados estadounidenses entre 2009 y 2015 en demandas en Estados Unidos, que, expresan, han salido favorables para Drummond.

En línea con lo anterior, aseguraron que ningún directivo de Drummond estuvo implicado en las reuniones que menciona el exjefe de seguridad de ISA para fraguar el homicidio de los sindicalistas, y que por el contrario, Drummond siempre ha sido una empresa respetuosa de sus colaboradores.

“Al igual que en otros asuntos, el falso testigo Charris inventa una historia que no existió. Drummond ha tenido siempre y espera seguir manteniendo una buena relación con todos sus trabajadores. Los testimonios de Charris y Blanco ante la JEP son contradictorios y están llenos de falsedades. Ambos obtuvieron grandes beneficios a cambio de dichos testimonios”, dijo la multinacional.

Volviendo al testimonio, en sus declaraciones ante la JEP, Jairo Jesús Charris le dijo a los magistrados que otras empresas que le pagaban a los paramilitares eran Prodeco, Carbones del Cesar y La Polaca, información de la que se enteró cuando entró a las Autodefensas en 2003 tras salir de ISA. También dijo que el exalcalde de La Loma, César Murgas, tenía nexos con “Jorge 40″ y recibía apoyo económico del exdirectivo de Drummond Alfredo Araújo en sus campañas.

La jurisdicción, expresó un respaldo parcial a los aportes a la verdad entregados por Jairo de Jesús Charris, por lo cual le concedió el beneficio de libertad condicional por dos de sus tres procesos. Los magistrados concluyeron que “destacan” un esclarecimiento “mayor” al que se generó en la justicia ordinaria.

Manifestaron que Charris “ha suministrado información que servirá a la Fiscalía para robustecer las investigaciones que adelanta en contra de los directivos de la multinacional Drummond, en particular de Alfredo Araujo Castro y en contra de Jaime Blanco Maya por el homicidio de Gustavo Soler Mora”.

Sobre este último punto del crimen de Gustavo Soler así como más acusaciones graves que hizo el testigo contra Jaime Blanco Maya, afirmando que “era un paramilitar más” y que también mandó matar al contratista Hugo Guerra para quedarse con todo el negocio de la alimentación en Drummond, La W consultó a Jaime Blanco quien indicó que estos señalamientos son falsos y faltos de evidencia.

Para concluir, según lo expresado por la JEP, en la mesa de articulación que hay con la Fiscalía, la nueva información aportada por Jairo Jesús Charris “viejo Miguel” en contra de directivos como Alfredo Araújo, podría fortalecer la investigación contra el exdirectivo y otros eventualmente implicados en los hechos sobre los cuales no se ha resuelto la situación judicial.

“Si bien las piezas probatorias en el proceso que se sigue contra José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez es sólida y ya cuenta con resolución de acusación en firme, en espera de la audiencia preparatoria para iniciar la fase de juicio, la información contra Alfredo Araujo es menos sólida y un recaudo de información en ese sentido es relevante”, citó la JEP.

En contraste, esta es la carta completa de Drummond enviada a La W: