Ejército Nacional, la Policía Antinarcóticos, la Sijín, la Fiscalía General de la Nación y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), tras una operación conjunta, informaron que lograron desarticular una banda criminal dedicada a la explotación ilegal de recursos naturales en tres municipios y una vereda de Guaviare.

Gracias a las labores de inteligencia, las autoridades desmantelaron un centro de acopio ilegal con más de 360m³ de madera, lo que equivale a más de 750 hectáreas de la Reserva Nukak. El material, dedicado a la comercialización ilegal, estaba avaluado en aproximadamente $324 millones. La ministra Susana Muhammad celebró el resultado.

“Este resultado es parte de la articulación que se ha logrado a través de Conaldef, y demuestra el compromiso que tenemos como Gobierno para contener la deforestación en zonas estratégicas del país”, manifestó la jefa de la cartera de Ambiente al referirse a la operación liderada por tropas de los batallones de infantería 19 y 24.

La ofensiva llevó a la captura de siete personas señaladas por delitos como aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, promoción y financiación de la deforestación, y concierto para delinquir. Se trata de “un peligroso grupo criminal que amenazaba la Amazonía colombiana”, apuntó el Ministerio de Ambiente.

Según el brigadier general Jaime Torres, comandante de la Brigada de Selva Número 22 en Guaviare, la agrupación, nombrará Los Talladores, ha destruido más de ochocientas hectáreas de selva, y es responsable del comercio ilegal de madera y “de la deforestación de áreas ecológicamente sensibles cercanas al Parque Natural Nacional Nukak”.

“Entre los capturados se encuentran alias ‘Serafín’ y alias ‘Dora’, cabecillas de esta estructura criminal. También se detuvo a alias ‘Yamit’, responsable de financiar y falsificar los salvoconductos para el transporte ilegal de la madera, y a alias ‘Omar’, encargado de la logística y contratación del personal para la talla ilegal”, detalló Torres.

Las autoridades adelantaron las labores de inteligencia luego de denuncias de la comunidad. Además, afirmaron que la incautación y las capturas contribuyen a mitigar los daños expuestos por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 007 de 2024, “impactando positivamente los derechos ambientales de la Amazonía”.

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