Funcionarios retenidos por comunidad Emberá en Bogotá tras desacuerdo por kits alimentario
Cinco funcionarios fueron retenidos por la comunidad Emberá Katío durante la entrega de kits alimentarios en la UPI La Rioja, generando tensiones entre las autoridades y los indígenas, quienes exigían cambios en los productos.
Bogotá
Cuatro funcionarios de la Unidad para las Víctimas y una funcionaria de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación fueron retenidos este miércoles, 18 de septiembre, en la UPI La Rioja por miembros de la comunidad indígena Emberá Katío. El incidente ocurrió durante la entrega de 366 kits alimentarios, generando tensiones entre las autoridades y la comunidad que exigía cambios en los productos recibidos.
Días antes, las entidades distritales habían llevado a cabo procesos de diálogo con la comunidad Emberá, comprometiéndose a entregar los kits como parte del apoyo que se les brinda. Sin embargo, al momento de la entrega, miembros de la comunidad manifestaron su descontento con el contenido de los alimentos ofrecidos, lo que llevó a una escalada de tensiones. Pese a los intentos de los funcionarios por mediar a través del diálogo, la comunidad rechazó los kits y procedió a acordonar la infraestructura, reteniendo a los funcionarios durante más de una hora.
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Uno de los momentos más tensos fue cuando la guardia indígena amenazó con llevar a los funcionarios al cepo, un método tradicional de castigo. Las autoridades distritales recordaron que, de acuerdo con la Corte Constitucional, la jurisdicción indígena no puede aplicarse en situaciones que comprometan la integridad física de personas ajenas a la comunidad.
El Distrito expresó su rechazo a este acto de retención y las amenazas contra los funcionarios, quienes se encontraban en el lugar para brindar apoyo en el proceso de entrega de ayudas. Según las autoridades, la ciudad ha mantenido un compromiso constante con la comunidad Emberá, como se evidenció durante el retorno de esta población que se encontraba en el Parque Nacional, garantizando el cumplimiento de las obligaciones acordadas con el gobierno nacional.
Frente a los hechos ocurridos, las autoridades han iniciado las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y reiteraron el llamado al diálogo y al respeto mutuo como la vía para resolver cualquier conflicto.