Investigan a rector y tres profesores por presunto abuso sexual en colegio de Bogotá
La Procuraduría General de Colombia inició una investigación sobre un presunto caso de abuso sexual a un menor de 6 años en el Colegio Carlos Albán Holguín de Bogotá.
Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación sobre un presunto caso de abuso sexual en el Colegio Carlos Albán Holguín de Bogotá.
El incidente, que habría ocurrido el 8 de julio de 2024, involucra a un menor de 6 años y ha llevado a la apertura de un proceso contra varios funcionarios del plantel educativo.
Según informes oficiales, el rector Jose Fernando Villate Alba está siendo investigado por “presunta exposición a daños y riesgos al permitir el desarrollo de obras locativas en el plantel”.
Además, la investigación se extiende a otros miembros del personal educativo, incluyendo a la directora de grupo Deisy Carolina Lizarazo, la coordinadora Johan Gustavo Arenas Jaramillo y el docente de Educación Física Andrés Eduardo Bulla.
La Procuraduría Primera Distrital ha declarado que busca “esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de pruebas pertinentes”. El enfoque principal es determinar si los servidores públicos incumplieron sus deberes legales en la aplicación de protocolos y medidas de protección para los estudiantes.
Este caso se suma a otra denuncia reciente de abuso sexual en la institución educativa Arborizadora Alta, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. El incidente, que involucra a una niña de 10 años, provocó violentas protestas por parte de los residentes locales.
La concejal Diana Diago del Centro Democrático ha denunciado la magnitud del problema, señalando: “De los 6.000 presuntos casos de violencia sexual reportados por el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, 3.000 reportan que ocurrieron al interior de las instituciones educativas”.
Estos eventos han generado un debate sobre la seguridad en las instituciones públicas de Bogotá y la efectividad de los protocolos de protección infantil. Las autoridades continúan investigando ambos casos, mientras que la comunidad educativa y los padres de familia exigen medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los estudiantes.
