Directiva de la Fiscalía sobre protesta social es tarea del legislador: Darío Bazzani
El abogado Darío Bazzani habló en los micrófonos de La W de la nueva directiva de la Fiscalía sobre la protesta social pacífica, señalando que regular este derecho es competencia del legislador y no de las directivas emitidas por la Fiscalía.
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Darío Bazzani | Foto: Colprensa
La Fiscalía General de la Nación expidió una directiva relacionada con el derecho a la protesta social pacífica. El abogado penalista Darío Bazzani, quien también es candidato a la terna para la Procuraduría que selecciona la Corte Suprema de Justicia, reaccionó a esta iniciativa de la fiscal en los micrófonos de La W.
Mediante esta directiva, se les da una instrucción a los fiscales sobre cómo actuar frente a estos hechos. Bazzani respondió a la pregunta de si esta directiva deroga o no el Código Penal:
“Por vía directiva puedo dar instrucciones sobre cómo interpretar la ley penal, pero en mi criterio, ese no es el propósito de las directivas. Las directivas relacionadas con el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social pacífica han sido expedidas bajo todas las administraciones”, explicó Bazzani.
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Sin embargo, expuso que ninguna directiva de las fiscalías anteriores es mejor que las demás: “Creo que todas son equivocadas, porque ese no es el objeto de las directivas; esa función le compete al legislador. Considero que estamos en mora de expedir un estatuto que reglamente de manera integral el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. La protesta social siempre entra en conflicto o tensión con otros derechos, como la movilidad. Siempre habrá una tensión entre quienes deben manifestarse y quienes tienen derecho a moverse libremente”, señaló el abogado.
También resaltó que dicha tensión debe resolverse ponderando el grado de afectación de los derechos de unos y otros: “Eso lo debe decidir el legislador. Es peligroso resolverlo mediante directivas”, advirtió Bazzani, explicando que hoy puede emitirse una directiva, una conducta se realiza bajo su amparo, y en cuatro años llega otro fiscal general que considera esa conducta como delito: “Entonces, la persona que cometió la conducta queda expuesta a que, en cuatro años, se le abra una investigación”, concluyó.
Escuche la entrevista completa en La W:
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