Cabal anunció demanda contra directiva de la Fiscalía para descriminalizar la protesta

La directiva 001 de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, publicada el pasado 10 de septiembre, que busca la “protección del derecho a la protesta social pacífica”, ha generado una dura polémica por cuenta de las directrices que limitarían la sanción penal de acciones en el marco de las manifestaciones en Colombia, tal como el irrespeto a servidor público.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, habló en los micrófonos de La W y expresó su rechazo a la medida. Y advirtió que la demandará para su suspensión provisional por inconstitucionalidad.

Según dijo la senadora uribista, la directiva es “ambigua, contradictoria y maniquea”. En sus afirmaciones en La W, Cabal también criticó a la fiscal general y aseguró que su actuación responde a los intereses del presidente Gustavo Petro, quien recientemente ha alentado a la protesta tras denunciar un presunto plan para destituirlo.

Además, se refirió a los hechos ocurridos durante el Paro Nacional de 2021: ¿Será que no vivimos el secuestro del oeste y del sur de Cali? ¿Será que no vivimos la tragedia de cómo quemaron los CAI?”. Y señaló que, durante esas manifestaciones, “996 policías resultaron heridos, 3 fueron asesinados y 7 fueron secuestrados”.

Cabal subrayó además que la directiva permite que la Fiscalía interprete de manera subjetiva las conductas delictivas y renuncie a su función constitucional de perseguir el crimen: “La alteración del orden público, dice la fiscal general, puede llevar a situaciones caóticas en las que, si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal”.

Para la senadora, esta interpretación sería peligrosa: “Esto es tan grave. Aquí no va a haber forma de contener a los vándalos”. Asimismo, Cabal aseguró que la Fiscalía estaría debilitando la capacidad del Estado para responder a disturbios graves.

Por último, Cabal advirtió que la Fiscalía estaría legislando e incluso derogando el Código Penal. “El efecto más grave de todos es que la fiscal está legislando, y quien legisla es el Congreso”, dijo. Incluso, aseguró que esta directriz obligaría a los fiscales a “prevaricar” y fue más allá, pues les pidió que “no se ganen denuncias penales por seguir una directriz abiertamente inconstitucional”.

La misma advertencia hizo el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien aseguró que ninguna directiva puede pasar por encima de la ley: “hay un valor supremo constitucional: el de la supremacía normativa. Entonces, lo que haya salido en esa directiva que sea en contra de la ley no puede aplicarse. O eventualmente, se puede demandar ante el Consejo de Estado”.