JEP: Alerta por “parálisis” en investigación contra las Farc por reclutamiento de menores

La W tuvo acceso a un documento reservado que presentó la Procuraduría Delegada ante la JEP, en el que alertó a ese tribunal por la “parálisis” en el avance del Caso 07, a cargo de la magistrada Lily Rueda, y en donde se investiga la responsabilidad de las Farc en reclutamiento de menores y abuso sexual a niños.

En el escrito se cuestionó duramente las fallas en el traslado de información, la demora en la realización de las versiones voluntarias a excomandantes de distintos bloques, la no respuesta y silencio absoluto a solicitudes de los representantes de las víctimas entre otros asuntos de suma importancia, cuando han pasado meses y años.

De hecho, el ministerio público criticó duramente que 5 años después de la apertura de esa línea de investigación, aún ni siquiera se hayan terminado las versiones voluntarias que deriven en las imputaciones a los máximos responsables. En respuesta, fuentes informadas en la JEP, afirmaron a La W que el escrito de imputación contra miembros del secretariado de las Farc por esos delitos ya fue radicado y aseguran que ya está en discusión.

“A juicio del ministerio público, esta situación desconoce los derechos de las víctimas a la verdad y a la garantía de no repetición, vulnera el principio de estricta temporalidad, el acceso a la administración de justicia, el acceso un recurso judicial efectivo, la dignidad y las garantías de no repetición” señala el documento en poder de W Radio.

Pero descendiendo a los puntos concretos alertados por la Procuraduría que desnudarían las graves falencias en el avance de esa investigación, según el ministerio público, desde el 2022 no han sido ni siquiera convocados espacios dialógicos formales o informales para comunicar a las víctimas y el ente de control el cronograma de actividades que se habría de realizar.

“Así, ha pasado más de 1 año y 10 meses desde la última reunión con el despacho relator de la Sala de Reconocimiento” dijo tajantemente la Procuraduría.

En esa misma línea, el ministerio público señaló a la JEP de incumplir la metodología y priorización que se propuso hace varios años. Allí, se definió que se realizarían 73 llamados a declarar a distintos comandantes de varios frentes, de las cuales a pesar de que han pasado 3 años, en siete de los casos (incluido el de Victoria Sandino) se sigue sin respuesta, y en otras 37 versiones voluntarias aún ni siquiera les han sido trasladadas a las víctimas y el ministerio público para ver qué dijeron.

Frente al secretariado, aunque se presentaron observaciones de las demandas de verdad de las víctimas, según la Procuraduría, la JEP no se las ha trasladado a los excomandantes de las Farc para que se pronuncien. También hay un evidente incumplimiento, a juicio del ministerio público, en la realización de las audiencias de aporte a la verdad colectivas divididas por diferentes bloques de las Farc.

“Esta misma inactividad se constata dentro de las versiones voluntarias colectivas priorizadas por la Sala. (...) a la fecha sólo se ha realizado una versión voluntaria mientras que las otras 7 no se han realizado a la fecha o reprogramadas. Con ello, han transcurrido cerca de 2 años y 5 meses desde que fueron ordenadas y la Sala ni siquiera las ha convocado” alertó.

De forma tajante, el ente de control, en resumen, afirmó que, bien porque no se han realizado o no se le ha dado a conocer a las víctimas y la Procuraduría, el 83% de las actuaciones dentro de las versiones voluntarias de los responsables en ese macrocaso están pendientes por hacer, señalando un bajísimo cumplimiento de las obligaciones del despacho cuando, se reitera, van 5 años desde que se abrió la investigación.

“De allí la importancia de que estas diligencias judiciales sean realizadas a la mayor brevedad posible, pues los derechos de las víctimas a la verdad y garantías de no repetición dependen de estas expresiones al régimen de condicionalidad” indicó la Procuraduría.

Pero de acuerdo con la Procuraduría no solo por el lado de la responsabilidad de las Farc en estos crímenes hay serios retrasos. En el documento de 19 páginas, el ente de control afirmó que en lo que tiene que ver con la participación de miembros de la fuerza pública en estos hechos, el componente investigativo ni siquiera ha comenzado y hay peticiones de hace más de un año que no han obtenido ni respuesta.

En el mismo sentido se alertaron graves fallas del despacho de la magistrada Lily Rueda, de acuerdo con la Procuraduría, en el avance de las medidas cautelares en favor de las víctimas, con solicitudes que llevan más de 3, 9 y hasta 11 meses sin responder y silencio en relación con la estrategia de prevención y protección en favor de las víctimas.

Es más, el ente de control aseveró que la JEP tampoco ha emitido alguna respuesta, pasado ya más de un año, sobre la propuesta de algunos exjefes del Bloque Oriental de las Farc referida a una estrategia para avanzar en la búsqueda de niños que fueron reclutados por la guerrilla y hoy se encuentran desaparecidos.

Para concluir, en el duro escrito dirigido a la magistrada Lily Rueda, el ministerio público aseguró que las demoras de su equipo y la Sala en la respuesta a las diversas actuaciones dentro del proceso promedian el año y 6 meses, y más de 2 años sin concluir la totalidad de las versiones, y cerca de 2 años sin que les cumplan, tanto a la Procuraduría como a las víctimas, con distintos traslados.

“En consideración a lo anterior, de manera respetuosa le solicito a la Sala de Reconocimiento que adelanten las actuaciones procesales que correspondan para impulsar el macrocaso número 07″, concluyó la Procuraduría solicitando dar cumplimiento a todo lo demandado.

W Radio contactó a la JEP para conocer la respuesta del tribunal frente a las delicadas denuncias realizadas por la Procuraduría frente a este señalado incumplimiento de obligaciones. Desde el tribunal transicional respondieron que “el despacho relator está dentro del término para darle respuesta y en ella explicaremos que el caso sí ha avanzado”.