JEP acepta a fundadora de Urapalma por admitir despojo a campesinos en alianza con ‘paras’

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó de forma condicionada el sometimiento de la exfundadora y representante legal de la empresa palmicultora, Urapalma S.A., Katia Sánchez Mejía, quien admitió que la empresa, en alianza con la casa Castaño y paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas, despojaron a cientos de parceleros, y ella conoció lo que había pasado.

Su esposo, Hernán Íñigo de Jesús Gómez, ya había sido admitido previamente en la jurisdicción por los mismos hechos.

La aceptación de Katia Sánchez Mejía se produjo luego de que en comunicación enviada a la JEP, y luego ampliación, aceptara que la empresa y su junta directiva se alió en 1999 con las Autodefensas para apropiarse tierras de campesinos sacados con violencia de Jiguamiandó, favoreciendo sus intereses para la siembra de palma.

“En este sentido, reconozco que, debido a mi cargo de representante legal dentro de Urapalma, tuve una responsabilidad en el marco del conflicto, conocí de figuras ilegales que permitieron que miembros de grupos paramilitares tuvieran el control sobre la empresa y sobre otras compañías; permití que estas dinámicas sucedieran”, aceptó Katia Sánchez.

Además, en su compromiso de aporte a la verdad se refirió a la creación de la compañía con el control de Vicente Castaño en la sombra por medio del empresario magdalenense palmero Antonio Nel Zúñiga Caballero, a través de la empresa Construcciones Unidas (que tenía la mayoría de acciones), y con otros exjefes paramilitares como “Don Berna”, así como su esposo Hernán de Jesús.

“La solicitante manifestó que existía una confluencia de intereses entre las empresas palmeras y las AUC, lo que permitía, por un lado, contener la expansión de la guerrilla a través del control territorial y, por el otro, obtener utilidades para fortalecer el proyecto paramilitar en la región” resumió la JEP.

También habló de otros empresarios a los que vinculó con el entramado paramilitar y empresarial, como el exsecretario de Fedearroz Jairo Alonso Brujes, Carlos Merlano y el empresario magdalenense Luis Donaciano Riascos Torres (nunca condenado a pesar de los reiterados señalamientos en su contra por despojo), “quien tenía el 39% de las acciones de la sociedad pero que realmente pertenecían al señor Italo Cianci y a Javier Daza, empresarios barranquilleros, y que todos los socios conocían del control de Vicente Castaño en dicha empresa”.

En relación con Brujes, quien además fue secretario general del ministro de agricultura Carlos Murgas, dijo que con su asesor Camilo Torres y obrando como intermediario entre Urapalma (controlada por las AUC) y el estado, consiguió créditos con Finagro desde dicha posición que favorecieron a la empresa controlada por las AUC.

“Respecto al monto de los créditos aprobados, mencionó que, en el año 2002 les aprobaron para el mes de abril la suma de $ 2.470.000.000 y posteriormente $ 3.011.552.000.000. Adicional a estos montos, los créditos tenían un incentivo a la capitalización rural, por lo cual se les abonó un excedente por valor de $ 2.892.000.000″ contó la JEP citando a Katia.

Frente al tema concreto del desplazamiento forzado de campesinos, dijo que la estrategia de apropiamiento de tierras tuvo participación de Sor Teresa Gómez, ficha y cuñada de la casa Castaño y el exdirectivo de Urapalma Javier Daza Pretelt, quien la antecedió hasta 2004, donde se tomó la propiedad de varios de los predios. Allí en ese entramado vinculó al general (r) Pauselino Latorre como “testigo” de los negocios que legalizaron el despojo.

Según Sánchez Mejía, con participación de Javier Daza Pretelt se acudía a la figura de accesión para anexarse tierras que en algunas ocasiones pagaban muy por debajo del precio real, o ni siquiera desembolsando la totalidad del dinero a los campesinos, o nunca pagándoles; procediendo a “englobar” los predios y creando además dos asociaciones fachadas de campesinos para quedarse con más de 5.000 hectáreas y créditos accesibles del estado que terminaron en Urapalma y su composición paramilitar.

“Deseo aportar verdad en el marco de la JEP sobre asuntos tan específicos como: (…) Relación con el comandante del ejército Paucelino Latorre que por momentos actuaba como testigo en la compra de los predios, notarías involucradas en la legalización de predios, relación con la alcaldía del Carmen del Darién, relación con un juzgado de Quibdó que expidió una certificación sobre la legalización de los predios” afirmó Sánchez.

Otros de los empresarios que fueron vinculados por la exrepresentante legal de Urapalma (cabeza de la empresa) por relaciones con las AUC, son los hermanos Pedro y Roberto Ojeda Visbal, monterianos, el padre Bernardo Hoyos (exalcalde de Barranquilla) y otro grupo de parapolíticos, ya condenados en el pasado como Miguel De la Espriella.

“Acerca de Bernardo Hoyos, indicó que lo conoció siendo candidato a la alcaldía de Barranquilla en una finca de Italo Cianci en San Pedro de Urabá y que estaba solicitando protección de Carlos Castaño a quien visitaba constantemente” reseñó la JEP.

Las empresas madereras en Urabá que eran de las AUC, según Katia Sánchez

Además de las empresas palmeras que habrían tenido relación con grupos paramilitares, o que eran de ellos, Sánchez también aportó varios nombres de empresas dedicadas al negocio de la madera, que asegura, eran controladas por Vicente Castaño y otros exjefes de las AUC.

Entre ellos mencionó a Rodrigo Zapata, de quien dijo que era del ala financiera de las Autodefensas y quería montar un gran proyecto de teca para sacar madera de exportación; afirmó, además, que Rodrigo Zapata tenía muy buenas relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe.

“Tengo conocimiento que Vicente Castaño tenía Palmura, los Cedros, la Secreta, Extractora, Bajirá, Funpazcord, tenía Asoprobeba para exportación. Hasbun tenía Palmadó, Ignacio Roldan y Sor Enit Ospina Agroplama, Berna Palmas SA, que el Alemán y los hermanos tenían Multifrutis” dijo.

Según el relato de Katia Sánchez, el proyecto paramilitar de Vicente Castaño en Urabá arrancó con total fuerza por medio de la “feroz” ofensiva en compañía de la Brigada 17 del Ejército contra la guerrilla de las Farc a finales de los noventa, provocando desplazamientos de campesinos y detrás de proyectos de gran envergadura sobre los que había mucho interés, por ejemplo la carretera panamericana que conectara al Urabá con Panamá, o el gran puerto de Urabá entre otros.

“En el año 1999 cuando Luis Riascos le presentó la posibilidad a Vicente Castaño de un proyecto palmero en Urabá autorizó estudios y trabajos para este proyecto palmero, posteriormente siguieron su ejemplo los otros jefes paramilitares, pensando el posconflicto y en su desmovilización, pues quedarían con empresas legales de gran rentabilidad entre dos mares cerca de Panamá y entre el Golfo de Urabá y el río Atrato” narró Katia Sánchez.

De acuerdo con la exfundadora de Urapalma y representante legal entre 2004 y 2007, el cerebro que ideó el plan fue el empresario magdalenense Luis Donaciano Riascos Torres. Asegura, que cuando llegó al cargo de representante legal era visitada por parceleros que venían a cobrar sus platas, asunto que le era informado a Riascos y se les entregaba dinero, que posiblemente provenía de Vicente Castaño.

Así, asegura, fue la dinámica de despojo de tierras sobre las cuales posteriormente se terminaron levantando grandes cultivos de palma africana. Aunque se consideró relevante su aceptación de responsabilidad por los crímenes que le endilgó la Fiscalía, la JEP consideró que aún le resta camino por recorrer a la exfundadora de Urapalma.

Para la magistratura, aún debe explicar cuál fue su participación y conocimiento del entramado de despojo que involucró a Urapalma y las AUC, como lo determinó la justicia ordinaria en su condena, más allá de finiquitar algunas compras entregando dineros pendientes y sabiendo que lo que se había hecho era ilegal. Por ende, deberá ampliar la información en escenarios posteriores, so pena de enfrentarse a una expulsión del sistema.