Presidente Petro firma una directiva sobre libertad de prensa en el país

En la Casa de Nariño, con la presencia del presidente Gustavo Petro y del relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, se firmó la directiva sobre los deberes de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa.

Según lo estipulado, la directiva se firma “con el fin de orientar el deber que tienen las y los funcionarios públicos al pronunciarse públicamente, en particular, en su interacción con periodistas, comunicadores y medios de comunicación, cuando se traten asuntos relacionados con el cumplimiento de sus funciones. Se considera pertinente establecer las siguientes directrices para promover buenas prácticas y conductas éticas que satisfagan las responsabilidades sociales y democráticas relacionadas con la garantía de la libertad de expresión y de prensa.”

Así, los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, en particular aquellos que actúan como voceros, deberán:

1. Evitar que sus pronunciamientos generen actos de estigmatización o discriminación hacia periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y demás actores relevantes que, mediante su expresión, contribuyen a la deliberación democrática.

2. Abstenerse de emitir declaraciones que puedan interpretarse como instigaciones a la violencia o discriminación, basadas en opiniones, filiaciones políticas o cobertura periodística.

3. Fomentar un ambiente de respeto, diálogo y tolerancia hacia todas las opiniones y contribuciones al debate público, reconociendo la importancia de la pluralidad de voces para el fortalecimiento de la democracia.

4. Abstenerse de emitir contenidos que puedan entenderse como piezas que instiguen o formen parte del discurso o apología del odio.

5. Garantizar el acceso a información pública, veraz, imparcial y oportuna a periodistas, medios de comunicación y demás personas que la soliciten en ejercicio del derecho de petición, dentro de los marcos legales.

6. Fomentar el libre intercambio de ideas, información y opiniones.

7. No obstaculizar el ejercicio del control social y público sobre sus actuaciones y ejercicio de funciones.

8. Contribuir, en el marco de sus competencias, al fortalecimiento de la libertad de expresión, de información y de prensa, así como a la prevención de riesgos y daños asociados al ejercicio de dichas libertades.

9. Garantizar la existencia y el funcionamiento de canales de comunicación permanentes que permitan la interacción libre, oportuna y eficaz entre medios de comunicación y autoridades, para fortalecer el flujo de información.

10. Garantizar el escrutinio libre, amplio y riguroso sobre la gestión pública de las autoridades y de los funcionarios públicos, así como sobre el funcionamiento del Estado.

11. Abstenerse de ejercer poder e influencia pública para censurar ideas, opiniones o información sobre las autoridades o los funcionarios.

Además, deberá prevenirse “la estigmatización de periodistas y medios de comunicación en tanto actores centrales del debate público, asegurando que los pronunciamientos públicos no constituyan formas de injerencia directa o indirecta en sus derechos, y, por el contrario, contribuyan al fortalecimiento y la promoción de la deliberación pública. Esto con el fin de evitar exacerbar la situación de vulnerabilidad inherente a la labor de periodistas y comunicadores, especialmente en contextos de alta polarización y conflictividad social.”

Asimismo, los funcionarios públicos tendrán el deber de diligencia en la verificación de los hechos sobre los que se pronuncian para evitar la difusión de información errónea, manipulada o incorrecta, garantizando así los principios de veracidad e imparcialidad de la información. También se promoverá un debate público inclusivo y respetuoso, además de brindar garantías para la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa.

Finalmente, se promoverá la educación y capacitación para fortalecer las competencias de los funcionarios públicos en materia de libertad de expresión y de prensa.