Colombia, país más peligroso para líderes ambientales en 2023: 79 personas asesinadas
Según la ONG Global Witness, con sede en Londres y Washington D.C., cuatro de cada diez personas que defienden el medioambiente y la naturaleza perdieron la vida en este país.
Bandera de Colombia. FOTO: getty images / Arturo Larrahondo
En 2023, Colombia fue nuevamente el país más peligroso del mundo para defender el medioambiente y la naturaleza, actividad que le costó la vida a 79 personas, cifra que supone el 40 % de los asesinatos de líderes ambientales en el planeta, informó este lunes 9 de septiembre la ONG Global Witness.
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Esta cifra es además la más alta registrada en un país desde que Global Witness monitorea las amenazas y homicidios de líderes ambientales, labor que empezó en 2012.
“Nunca habíamos tenido una cifra tan desproporcionalmente alta”, lamentó Laura Furones, asesora de la organización y directora del informe.
En poco más de una década, 461 defensores han sido asesinados en Colombia, país que tiene ahora el mayor número de asesinatos documentados entre 2012 y 2023.
De los 79 líderes asesinados en 2023, 31 eran indígenas y seis afrodescendientes, precisó el informe, que destacó que “la inmensa mayoría de los ataques se producen en las regiones suroccidentales de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7)”.
“Se sospecha que los grupos armados son los autores de la mitad de los asesinatos de defensores en Colombia en 2023″, mientras que solo ha sido posible establecer vínculos entre esos ataques y las industrias que desencadenan el activismo comunitario en un puñado de casos: cinco relacionados con la minería, tres con la pesca, uno con la tala de árboles y uno con la energía hidroeléctrica.
Los países que siguen a Colombia en la lista de líderes medioambientales asesinados son Brasil, con 25 crimenes registrados; México y Honduras, con 18 cada uno.
En este sentido, las cifras ponen de relieve la peligrosidad de defender la naturaleza en América Latina, la región del mundo más mortífera para ejercer este tipo de liderazgos con un 85 % de los casos documentados por Global Witness, organización con sede en Londres.
A pesar de las “escalofriantes” cifras, Global Witness subraya que hay una subestimación de los datos y que la realidad es mucho peor, ya que las lagunas de datos o la falta de denuncias por la intimidación u otras formas de violencia impiden hacer una radiografía que refleje la realidad al completo.
Oportunidad histórica
Este informe sale a la luz un mes y medio antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que se celebrará en la ciudad colombiana de Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre, lo que supone “una oportunidad histórica para abordar estos retos como anfitrión”, recordó la organización al Gobierno colombiano.
En este sentido, Furones insistió: “No podemos ganar la triple crisis climática sin una mayor protección de los defensores”.
Global Witness recordó que el Gobierno colombiano se ha comprometido a poner el papel de los defensores ambientales en el centro de esta cumbre internacional y tiene una oportunidad única para lograr avances en su protección.
Por su parte, Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores de Colombia, pidió “políticas claras” y “no solo declaraciones” en la próxima COP16.
También criticó que “el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger a los defensores” y lamentó la falta de coordinación entre las instituciones que están a cargo de esa tarea, lo que supone repercusiones para las personas protegidas.
Además, recordó que “el 90 % de asesinatos de defensores son impunes” y también deploró que el incumplimiento del acuerdo de paz de 2016 ha supuesto una “reconfiguración del conflicto y la expansión de grupos armados”, algo que está directamente relacionado con la persecución y violencia contra líderes sociales y ambientales.
“Es muy vergonzosa la cifra para el país”, concluyó la defensora.
El 11 de diciembre de 2019, Colombia firmó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional cuyo objetivo es garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales, así como proteger a los defensores de los derechos ambientales en la región. El pasado 28 de agosto de 2023 La Corte Constitucional de Colombia aprobó la ratificación de dicho acuerdo.