Casi 300 familias Emberá en el Parque Nacional de Bogotá inician su plan de retorno

Tras casi un año de un asentamiento irregular del pueblo indígena Emberá en el Parque Nacional, en Bogotá, este fin de semana comenzó un plan de retorno para las más de setecientas personas que, huyendo de una crisis humanitaria acrecentada por el conflicto armado, llegaron a la capital.

Desde las ocho de la mañana empezó el proceso. Las comunidades indígenas estuvieron en un recorrido con medios de comunicación y la Unidad de Víctimas, y luego llevaron a cabo un acto espiritual y una olla comunitaria, pues era la manera en la que querían despedirse del parque.

Este sábado la idea es que empaquen sus enseres, con el fin de que el 8 de septiembre dejen el lugar sin nada. El traslado comenzará el domingo en la noche hasta Alto Andágueda, a donde se dirigirán 702 personas repartidas en 280 familias que, entre las 325 censadas, lo desean.

Un primer grupo de 58 familias retornará a diversas localidades en Pueblo Rico, Risaralda, como Chiifa, donde se quedarán doce grupos familiares, y Fokabú, hasta donde llegarán diecinueve hogares. En Paparidó se quedarán tres familias más y en Santa Marta, otras seis.

Otras 146 familias, las del segundo grupo del plan, irán principalmente a Cascajero, donde concretamente se asentarán 83. Otros grupos se distribuirán en localidades como Irakal, Pescadito, Río Colorado, Pasaguedá, Conondo y Alto Moindó, entre otros poblados.

El tercer grupo abarcará 58 familias que arribarán a Oscordó, Las Torres y Arenales. Entre las personas objeto del plan, 39 recibirán una reubicación temporal en predios valorados por ellas y por las entidades que participaron en las negociaciones previas, y once “se integrarán” en Bogotá.

La Unidad de Víctimas aseguró que trabaja “para que las familias puedan retornar con garantías a sus territorios, reubicarse en lugares que sean idóneos y dignos, o integrarse a las ciudades capitales”, todo luego de “un proceso de diálogo” centrado en la comunidad Emberá.

Junto al órgano encargado de reparar a las víctimas del conflicto armado, otras nueve entidades estatales asumieron varios compromisos con la población que será reubicada. La Unidad, por ejemplo, se comprometió con proyectos productivos y con siete transferencias monetarias hasta 2025.

En total, fueron cuarenta los compromisos adquiridos, que incluye garantías para el transporte por parte de la Alcaldía de Bogotá y de la Sociedad de Activos Especiales, soluciones habitacionales por parte del Ministerio de Vivienda, o un espacio de concertación con el Ministerio de Agricultura.

Actualmente, el Gobierno sostiene diálogos con el pueblo Emberá en la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Rioja, en la que hay 576 personas de 241 hogares; en la UPI de La Florida, con 629 personas en 244 hogares, y en el albergue Buen Samaritano, con 172 personas de sesenta familias