Human Rights Watch denuncia creciente represión en Venezuela tras elección presidencial

Las autoridades venezolanas están cometiendo “violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″, señaló hoy Human Rights Watch en un nuevo reporte de 13 páginas.

La organización internacional que tiene sede en Washington DC instó a la comunidad internacional a exigir la verificación independiente de los resultados electorales y apoyar esfuerzos para garantizar justicia en el país.

En el documento, al que tuvo acceso W Radio, se señala que los observadores internacionales han expresado profundos cuestionamientos sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que Nicolás Maduro ganó la elección. Tras el anuncio, miles de manifestantes han salido a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos.

Human Rights Watch ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios, así como acoso a críticos del gobierno.

Cuenta HRW, que el 2 de septiembre, un juez emitió una orden de captura en contra del candidato opositor Edmundo González por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos. “La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Goebertus hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado.

Las cifras son claras: “Human Rights Watch recibió reportes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Human Rights Watch recibió los reportes por parte de organizaciones locales independientes, como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, o los identificó en redes sociales.

Human Rights Watch documentó de forma independiente 11 de estos casos, revisando las actas de defunción, verificando videos y fotografías y entrevistando a 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales. Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del gobierno. Human Rights Watch analizó y verificó 39 videos y dos fotografías de las protestas encontrados en diversas plataformas de redes sociales”.

El documento cita que según las autoridades venezolanas, más de 2.400 personas han sido detenidas en relación con las protestas. “La organización de asistencia legal pro-bono Foro Penal registró más de 1.580 presos políticos que han sido detenidos desde el 29 de julio, incluyendo 114 adolescentes”. Y advierten que fiscales han imputado a cientos de personas utilizando delitos que, en ocasiones, están definidos de forma amplia y conllevan penas de larga duración, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.

“El gobierno también ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas, especialmente en sectores populares. El 15 de agosto, los partidarios de Maduro que conforman la Asamblea Nacional aprobaron una ley que otorga al gobierno amplios poderes para controlar y cerrar organizaciones no gubernamentales”, se lee en el informe.

“Los gobiernos de Colombia, Brasil y México han hecho un llamado para entablar conversaciones con el gobierno venezolano. El 16 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el que están representados todos los Estados miembros, aprobó por consenso una resolución en la que insta a las autoridades venezolanas a publicar las actas de escrutinio de cada mesa electoral y a realizar una “verificación imparcial” de los resultados”, recuerda HRW.

Además, agrega que un gran número de venezolanos votaron en las elecciones presidenciales, a pesar de que el gobierno cometió irregularidades y violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, inhabilitaciones arbitrarias y restricciones al voto de los venezolanos en el exterior.

“Varias horas después del cierre de las urnas, el CNE declaró que Maduro había ganado las elecciones con más del 51 % de los votos. Sin embargo, el CNE no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones ni ha llevado a cabo las auditorías y los procesos de verificación ciudadana que exige la ley venezolana”, agrega.

Recuerda el documento que el panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones, afirmaron que el proceso careció de transparencia e integridad, y cuestionaron el resultado declarado. Señalaron que las actas de escrutinio publicadas por la oposición son fiables, indicando que, con el 81 % de las actas escrutadas, el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo una ventaja significativa en la elección.

Human Rights Watch deja claro que ha recibido reportes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de las protestas, incluidos un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Estos informes fueron proporcionados por organizaciones locales independientes y verificados por la organización mediante la revisión de actas de defunción, videos y fotografías, así como entrevistas con testigos. Muchos familiares y testigos se negaron a ser entrevistados por temor a represalias del gobierno”, señala el documento.

Human Rights Watch recomienda a los gobiernos globales adoptar medidas urgentes para promover la rendición de cuentas y garantizar el respeto de los resultados electorales en Venezuela.