Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’, permanecerán privados de la libertad en guarniciones militares.

Así lo decidió el juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, tras imponer una medida de aseguramiento en contra de los protagonistas del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“En mérito de lo expuesto, el juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá, accede positivamente a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, se imponen medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión a los ciudadanos Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero”, señaló el juez.

Según se determinó, Olmedo López, exdirector de la UNGRD será recluidos en el Cantón Militar Caldas, acogiendo también los argumentos de los abogados defensores.

En el caso del contratista, Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’, la medida de aseguramiento se aplicará en Estación de Carabineros de la Policía Nacional.

Finalmente, Sneyder Pinilla irá al cantón Militar de Artillería.

La investigación de la Fiscalía determinó que los tres procesados conformaron lo que calificó durante la audiencia de imputación de cargos como una “empresa criminal” en la que habrían participado congresistas, senadores y funcionarios del Gobierno Nacional.

“Otros servidores públicos y contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otros particulares, entre los cuales tenemos al señor Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista, representante legal de la empresa Luquet S.A.S, y que, por interpuesta persona, dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas”, señaló la fiscal durante la imputación de cargos.

Momento en el que imponen medida de aseguramiento a Olmedo López, Sneyder Pinilla y el ‘Pastuso’

Salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Uno de ellos es el de Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien habría ordenado expresamente el pago de los sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, según la Fiscalía.

Otro de los nuevos mencionados en el escándalo es César Manrique, director de Función Pública, quien habría direccionado a los empresarios a quienes se les adjudicarían los contratos a cambio del pago de coimas.

Además, ha vuelto a ser mencionado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya que la Fiscalía aseguró que habría sido quien coordinó el direccionamiento de los contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).

No obstante, los funcionarios del Gobierno nacional han expresado que son inocentes y que nunca hicieron nada ilegal para obtener beneficios económicos y réditos políticos.

Los nombres que han sido mencionados por la Fiscalía al escándalo de la UNGRD hasta la fecha son los siguientes:

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda: habría sido quien coordinó el direccionamiento de los contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), según reveló la fiscal.

Sin embargo, ante el Tribunal Superior de Bogotá ha presentado, a través de su equipo de defensa, más de 25 pruebas con las que busca demostrar que no hizo nada contrario a la ley.

Hasta el momento, no ha sido llamado por la Fiscalía General a ninguna diligencia de carácter judicial.

María Alejandra Benavides, asesora del ministro Bonilla, presuntamente, se contactaba con Olmedo López y Sneyder Pinilla para avanzar en el proceso de adjudicación de tres contratos cuyo monto sumado alcanzaba los 92.000 millones de pesos, los cuales serían destinados para sobornar a congresistas.

Recientemente, W Radio reveló la prueba clave dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que demostraría que Olmedo López habría mentido en sus declaraciones.

Un documento revela que Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, nunca entró a la sede de la UNGRD, en el periodo comprendido entre el primero de julio y el 31 de diciembre de 2023, como en su momento lo indicó López, quien además señaló que la funcionaria habría entrado 16 veces a la entidad supuestamente para concretar negocios corruptos.

“De manera atenta se informa que, una vez realizada la consulta en la base de datos del ingreso de visitantes de la Entidad, en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, no se evidenció registro de ingreso de la señora María Alejandra Benavides a las instalaciones de la entidad”, esto dice el documento solicitado por los investigadores forenses del caso, y que entregó la UNGRD, prueba que fue legalizada por un magistrado con funciones de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá; con esto buscan demostrar que habrían incongruencias en las declaraciones de Olmedo López.

Esta es una de las más de 25 pruebas que han sido legalizadas por magistrados y con las que el ministro Ricardo Bonilla busca evidenciar ante la Fiscalía que al parecer Sneyder Pinilla y Olmedo López mintieron en su caso.

Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE: El hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría dado la orden directa de pagar sobornos por más de $4.000 millones a los expresidentes del Senado, Iván Name y Andrés Calle, de la Cámara de Representantes.

César Manrique, director de Función Pública: La fiscal aseguró que Manrique “se interesó de manera ilícita, junto con otras personas, en múltiple orden de proveedurías y contratos, direccionando a los empresarios a los que se les adjudicarían los contratos a cambio del pago de coimas”.

Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones: habría sido la mediadora encargada de coordinar el pago de coimas a los presidentes de Senado y Cámara.

Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de Olmedo López: Habría participado en la falsificación de un documento junto a sus exjefes para lograr el desembolso de más de 46.800 millones de pesos de la orden de proveeduría para los carrotanques. De esos recursos, se habría quedado con mil millones de pesos que le entregó ‘El Pastuso’.

Siete congresistas: Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla.