Contralores señalan a Air-e por presunta apropiación indebida

A través de un comunicado, las Contralorías departamentales, distritales y municipales de Atlántico, Magdalena, Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre y César dieron a conocer una serie de requerimientos que realizaron, en el marco de la defensa de los derechos e intereses colectivos, relacionados con la prestación del servicio de energía en la Costa norte del país.

En ese sentido, mencionaron que, ante la crisis que actualmente se vive en la región por cuenta de los altos costos en las tarifas, se le solicitó al Presidente de la República, Gustavo Petro, que sin más demoras “efectúe el nombramiento de los comisionados expertos que a la fecha aún no han sido nombrados en propiedad, en el propósito de completar los seis (6) comisionados que integran la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, para poder funcionar adecuadamente”.

Lo anterior, debido a que según ellos, ninguna de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para reducir las tarifas de energía se podrá implementar, mientras no se nombre en propiedad a los expertos.

Por otro lado, los contralores solicitaron al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, que se adopten los mecanismos para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, asegurando que se presentan constantes fallas en el servicio, que no son consecuentes con los valores de las tarifas y que “han venido provocando alteraciones del orden público por las constantes protestas de los usuarios afectados”.

En el documento también pidieron a la Superintendencia la intervención, y de tener lugar, la liquidación de Air-e, ante una presunta apropiación reiterada e indebida de recursos públicos con destinación específica.

Sobre esto último, expusieron que la entidad estaría financiando la prestación del servicio de energía eléctrica con los dineros que pagan los contribuyentes con destino a la financiación de la prestación del servicio de alumbrado público, hecho que según los funcionarios, dejaría en evidencia que AIR-E SAS ESP no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos como comercializador de energía.

“AIR-E SAS ESP viene incumpliendo leyes y actos administrativos a los que está sujeta afectando con tal conducta de manera directa e inmediata a usuarios determinados, en este caso, usuarios del SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, pero más grave aún, se hace notorio un problema de INSUFICIENCIA FINANCIERA de AIR-E SAS ESP”, señalaron.

Según los contralores, la empresa también estaría abusando de su gestión como agente recaudador, incurriendo presuntamente en el delito de omisión, “poniendo en riesgo la prestación eficiente y continua del SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO en los 58 municipios y distritos donde recauda el impuesto al servicio de alumbrado público”.

Esto, al supuestamente apropiarse indebidamente de los rendimientos financieros causados por los dineros públicos que recauda, dejando de reconocer y pagar los intereses moratorios cuando supera los 45 días siguientes a su recaudo sin hacer el giro del impuesto, una situación que generaría problemas de financiación para la administración, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público.

En respuesta a las declaraciones de los contralores, la empresa de energía Air-e señaló que se trataría de “afirmaciones falsas”.

“Rechazamos las declaraciones de los contralores sobre el tema del recaudo del alumbrado público por ser falsas y mal intencionadas. Interpondrá en consecuencia acciones legales de rigor y aportará las pruebas respectivas en donde consta el cumplimiento de las obligaciones como recaudador de este impuesto”, expresaron.

Asimismo, aseguraron que han cumplido con todas sus obligaciones como agente recaudador, estando al día con todos los municipios.

“Desconocemos las verdaderas intenciones de estas declaraciones, así como los intereses que pudieran estar detrás de ellas. Ante esta situación, Air-e tomará las medidas legales pertinentes para proteger su buen nombre y el de sus funcionarios. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y con el cumplimiento de nuestras obligaciones con cada uno de los municipios y con los más de 1.2 millones de usuarios”, afirmaron.