Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra Iván Name
La demanda está relacionada con la implicación del expresidente del Senado, Iván Name, en el escándalo de corrupción en la UNGRD y su presunto tráfico de influencias.
Iván Name | Foto: Colprensa
El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra el expresidente del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, por presunto trafico de influencias en medio de escándalo del Gobierno Nacional en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta demanda fue interpuesta por el ciudadano Juan Carlos Calderón España, en nombre de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, detallando que el senador incurrió en tráfico de influencias con la entonces alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, así como con Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales involucrados en el caso de corrupción.
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Esto ocurre tras las declaraciones de Pinilla donde aseguró que Olmedo López le ordenó conseguir $4.000 millones “para aceitar las reformas del Gobierno en el Congreso”, de los cuales $3.000 millones en efectivo habrían llegado a Iván Name, en medio del controversial contrato para la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, revelado por Sigue La W.
“Presuntamente, el senador Iván Name, ejerció influencia sobre la servidora pública Sandra Liliana Ortiz Nova, consejera presidencial para las regiones, de modo que, por su conducto, recibiere de Sneyder Pinilla y Olmedo López la suma $3.000.000, la cual, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, fue acordada para incentivar la conducta del senador de forma favorable en el marco del trámite de las iniciativas legislativas que el ejecutivo gestionara en el Congreso”, aseguró en su momento Calderón España en su denuncia.
El veedor recordó, además, que una causal de pérdida de investidura es recibir, dar o prometer dineros o dádivas para sí mismo o un tercero.
Tras los argumentos presentados, quedó en manos del Consejo de Estado estudiar la demanda que, finalmente, fue aceptada este 30 de agosto.
