La ONU celebró que la Corte Constitucional haya aprobado el Acuerdo de Escazú
La Oficina de Derechos Humanos se pronunció luego de la decisión unánime del alto tribunal.
Acuerdo de Escazú. Foto: Getty Images. / Álvaro Tavera (Colprensa)
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó con satisfacción la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el Acuerdo de Escazú. El alto tribunal determinó que el tratado internacional se ajusta a la Constitución, así que lo mantiene en el derecho colombiano.
Con un pronunciamiento en su cuenta de X, la representación del Comisionado, en cabeza de Juliette de Rivero, afirmó que el Acuerdo “garantiza la protección de las personas defensoras del ambiente”. En el post, la entidad menciona al activista Francisco Vera y al presidente Gustavo Petro.
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La celebración llega horas después de que la Sala Plena avalara por unanimidad, con nueve votos de nueve posibles, la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte. El Acuerdo busca participación pública y acceso a la justicia frente a temas ambientales.
De acuerdo con el alto tribunal, la Sala verificó “el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una ley que aprueba un tratado internacional”. Luego, concluyó que tanto la fase gubernamental como el proceso legislativo “satisfacen los requisitos previstos en la Constitución”.
El Acuerdo de Escazú fue firmado por el Estado colombiano en Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Cuatro años después, el Congreso lo adoptó con la Ley 2273. La discusión en la Corte se centró en si era necesario desarrollar una consulta previa antes de que el tratado se convirtiera en norma.
Como Escazú “no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas”, la Corte aseveró, además de que no era una ley estatutaria, que no era un requisito agotar un proceso de consulta ante los pueblos indígenas o los afro.
La determinación implicó examinar que la nueva normativa se enfoca en implementar plenamente, y de forma efectiva, algunos aspectos del acceso a la justicia y a la protección en asuntos ambientales. Y aspira a “establecer un entorno seguro para las personas defensoras del medioambiente”.
