Justicia y Paz mantendrá embargadas cuatro oficinas del narco ‘El Mellizo’ en Barranquilla

La Magistratura de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla impuso en 2020 medidas cautelares en las oficinas 704, 705, 706 y 707 del edificio La Previsora, un exclusivo centro empresarial ubicado sobre la carrera 51B en Barranquilla. Al parecer, los inmuebles estaban relacionados con los hermanos Mejía Múnera, ‘los Mellizos’.

El principal de los hermanos ha sido Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, ‘el Mellizo’, quien quiso postularse a la justicia transicional, tanto en Justicia y Paz como en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero no consiguió quedarse porque, aunque utilizó su dinero para financiar al Bloque Vencedores de Arauca, fue un “narco puro”. Su hermano, Víctor, murió.

Mejía le ha entregado varias declaraciones a la justicia en su búsqueda de sometimiento. Sus testimonios han llevado a la Fiscalía a tomar varias decisiones que, a su turno, resultaron desatando varias disputas jurídicas, como la que comenzó la abogada experta en temas financieros Beatriz Eugenia Posada Henao, quien quiso tumbar los embargos en La Previsora.

Posada y su exesposo, Luis Javier Cepeda Visbal —exfiscal, exgerente de la lotería El Libertador y abogado en casos de narcotráfico—, compraron en 2006 las cuatro oficinas por $224 millones. Cuando se separaron, los bienes quedaron en manos de la mujer en octubre de 2004. Según ambos, desde un principio se trató de una compra hecha “de buena fe”.

Desde septiembre de 2004 las oficinas estuvieron en manos de Inversiones Zucca y Compañía, representada por Rina Isabel Zuccardi Hernández, quien le había entregado un poder especial a Iván José Vergara Gómez. En mayo de 2006, pasaron a Rosa Isabel Jaraba Severiche, una mujer “sin antecedentes laborales, financieros o patrimoniales”, dijo el Tribunal.

El edificio, por su parte, estuvo representado entre agosto de 1999 y septiembre de 2006 por Vergara Zuccardi Ltda. Mario Algarín Pion fue socio y representante legal desde 2004, y llegó a sostener reuniones con Cepeda antes de la compra de 2006. Desde la adquisición, aseguraron Posada y Cepeda, la mujer puso en arrendamiento las oficinas.

Con todo ese contexto, la idea de Posada era que se levante la medida cautelar, pues ella y su exesposo tenían la “capacidad económica suficiente” para negociar y adquirir “con buena fe exenta de culpa” las cuatro oficinas, y porque el caso debería estar en la justicia ordinaria, no en Justicia y Paz, dado que ‘El Mellizo’ es “narco puro”.

Además, narró, escogieron las oficinas porque una familiar del abogado Cepeda ya tenía unas ahí; porque era un lugar “trascendente” en Barranquilla —en el que había sociedades con “reconocida honorabilidad” y “personajes de la sociedad barranquillera—, y porque nunca conocieron al ‘Mellizo’ ni tuvieron alguna relación con él.

Para la Fiscalía, la medida debía mantenerse, pues luego de la desmovilización del Bloque Vencedores de Arauca se demostró que los mellizos, sobre todo Miguel Ángel, financiaron esa estructura, así que el ente investigó otros bienes utilizados como testaferrato. Vergara Zuccardi, en ese sentido, fue una sociedad fachada para administrar bienes de los Mejía Múnera.

El Tribunal, a su turno, aseguró que las oficinas estuvieron ligadas al conflicto armado. Por tanto, Beatriz Posada y Luis Javier Cepeda “no fueron lo suficientemente diligentes ni prudentes al momento de comprar”. Por ello, “no se configura en su actuar un error creador de derecho o, lo que es equivalente, buena fe exenta de culpa”.

El conflicto armado, Barranquilla y las oficinas

Los Mejía Múnera han testificado que ocultaban sus recursos del narcotráfico con personas “pudientes” y con negocios entre los que se encontraban inmobiliarias o constructoras. Por ejemplo, varias oficinas del edificio Concasa y varios apartamentos del edificio Light Tower, propiedades horizontales de las que Vergara Zuccardi y Rosa Jaraba fueron propietarias.

Inicialmente, las oficinas 704, 705, 706 y 707 de La Previsora no estuvieron en el listado que los Mellizos le entregaron a Justicia y Paz a cambio de someterse y reparar a las víctimas. Pero la Fiscalía las persiguió, “lo cual para esta Magistratura, tal como lo consideró en su momento la Sala Homóloga de Bogotá, es un proceder fundado”, señaló el Tribunal.

“En efecto, está probada la relación de los predios” con el conflicto armado, afirmó el auto de medidas cautelares de la Sala de Justicia y Paz, “dada la coincidencia en su listado de propietarios con cuestionables personas naturales y jurídicas que fueron referidas como testaferros”, por lo que deben ser investigadas por la justicia.

Lo más comprometedor de todo, de acuerdo con la magistratura, “es que las compras de esas heredades se dieron en épocas coincidentes con el apogeo paramilitar en Barranquilla (años 2000 a 2006), realidad que infructuosamente intentó negar el representante de la parte demandante”, quien señaló que en la capital del Atlántico no se sabía del paramilitarismo.

“Así se refleja que el Distrito de Barranquilla fue protagónico en el desarrollo del conflicto armado”, porque fueron “centenares” los desplazamientos, las desapariciones y “las exacciones reportadas y judicializadas que acaecieron en esta ciudad”. Por lo tanto, los cuatro bienes “están llamados a reparar a las víctimas” del Bloque Vencedores de Arauca.

Otras irregularidades en los bienes del edificio

Aun si se debatiera la relación entre los predios y el conflicto armado en la Costa y en Arauca, el Tribunal destacó varias ilicitudes en la llegada de los bienes a la pareja de Posada y Cepeda. Por ejemplo, un precio de venta inferior al avalúo catastral. La compra se realizó con un monto de $224 millones, mas el precio real era de $255,38 millones.

Además, Posada y Cepeda pagaron $67,41 millones menos de lo que había pagado Rosa Jaraba por los mismos inmuebles veintiocho días antes. Jaraba compró las oficinas, algunas de las cuales tienen parqueaderos, por aproximadamente $291,41 millones. La pareja de abogados logró, entonces, “una sospechosa y aleatoria operación”.

En tercer lugar, Beatriz Posada y Luis Javier Cepeda compraron el predio mientras tenía deudas con la administración. Se mezclaron pagos, que además fueron entregados en efectivo y con secretismo, porque Mario Algarín —representante legal de todo el edificio y yerno de Rosa Jaraba— ordenó “pagar supuestas deudas a los empleados de la copropiedad”.

Y se hicieron negocios a través de apoderado, o sea, a través de Algarín Pion, “y nada se hizo por saber quién era Rosa Isabel Jaraba Severiche, a qué se dedicaba, qué bienes tenía y cómo había hecho su fortuna”. “Esta manera de negociar fomenta el secretismo”, insistió el Tribunal en su auto de 55 páginas, que deberá ser publicado por la Alcaldía de Barranquilla.

“Queda claro que Beatriz Eugenia Posada Henao y Luis Javier Cepeda Visbal, a pesar de ser ilustrados juristas, ella con experiencia en el sector financiero, comercial e inmobiliario, y él en temas penales, de alguna manera aportaron a un entramado cuestionable del que ahora no pueden beneficiarse”, subrayó la magistratura de control de garantías.

Los rastros sospechosos de la familia Vergara Zuccardi

Antes de toda la operación de compra y venta que culminó con el embargo de las oficinas, tanto los inmuebles como los garajes se rotaron entre miembros de la familia Vergara Zuccardi a través de un entramado “coincidente con propiedades ficticias”, lo cual “entra a respaldar” la versión de Miguel Mejía Múnera, según la cual su hermano “se valió de personas prósperas”.

El objetivo de Miguel y Víctor era tomar personas naturales y jurídicas “sin antecedentes”, además de “pudientes”, para “ocultar su ilícita fortuna”. Así ocurrió con Concasa y, entre 1998 y 2004, con tres sociedades que estuvieron a cargo de las oficinas de La Previsora. La última de las escrituras, la de 2004, incluso fue cancelada por la Fiscalía 54 de Patrimonio Público.

“No deja de ser curioso que en las tres sociedades anotadas coincidan los integrantes de la familia Vergara zuccardi, lo cual no sería jurídicamente llamativo si no fuera porque estas personas también tuvieron nexos muy fuertes con el famoso Mario Algarín Pion y con él lograron mezclar sus propiedades”, destacó el auto de Justicia y Paz.

Durante el proceso “quedaron expuestas múltiples maniobras para diluir o disfrazar la titularidad real de los predios cautelados, los cuales, según se corroboró bajo el estándar de probabilidad preponderante, tuvieron clara relación con los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, auspiciadores y beneficiarios del paramilitarismo”.

Además del embargo

La decisión, firmada por el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, adopta otras medidas diferentes a la toma de posesión de las cuatro oficinas. Por un lado, la Fiscalía deberá hacer presencia en los predios; por otro, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación de Arauca y el Centro Nacional de Memoria Histórica deben divulgar el auto como forma de reparación.

El Tribunal aprovechó la oportunidad para compulsar copias para que la Fiscalía investigue a Alfonso Vergara Bustillo, Rina Isabel Zuccardi Hernández. María Teresa Algarín de Valderrama, “personajes de la sociedad barranquillera”, como probables autores de los delitos de lavado de activos y testaferrato”. Y también a Mario Algarín. Rosa Jaraba “al parecer falleció”.

La determinación fue notificada este miércoles, 28 de agosto, a través de estados. El abogado de Posada, al ver que no fue favorable, interpuso y sustentó un recurso de apelación. El Tribunal explicó que la movida fue elevada ante la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de Casación Penal tendrá la última palabra.