Empieza en 9 días la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Álvaro Uribe

El 6 de septiembre, dentro de 9 días, empezará finalmente la audiencia preparatoria del juicio al expresidente Álvaro Uribe por, presuntamente, haber cometido los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.

Tales conductas establecen penas entre 6 y 12 años de prisión.

Hace cuatro años, en agosto del año 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la captura y detención domiciliaria del expresidente.

El domicilio en el que estaba detenido era la Hacienda El Ubérrimo, una extensa propiedad de 1.300 hectáreas, desde la cual el exmandatario se presentó como un mártir y señaló como “secuestradores” a los magistrados que habían ordenado su cómoda detención en un documento que explicaba las razones línea por línea.

Desde ese momento la principal estrategia ha sido la dilación. Álvaro Uribe renunció al Senado para ponerse en las cómodas manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa.

El primer fiscal encargado de investigarlo fue el entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes, quien se empeñó no en acusarlo sino en defenderlo, en tratar de perseguir a los testigos y desacreditar las pruebas.

Gabriel Ramón Jaimes, hizo un papelón en el proceso y la jueza Carmen Helena Ortiz, rechazó su pretensión.

A Jaimes le fue mal en el foro pero bien en la vida: su esposa Rubby Cecilia Durán Maldonado fue nombrada directora nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, por el defensor uribista Carlos Camargo. Ella sigue en el cargo hoy, a pesar de que su nominador ya se fue para la Universidad Sergio Arboleda.

Otro fiscal risible, Javier Fernando Cárdenas, se tomó otros meses para volver a pedir la preclusión. Cuando la jueza Laura Barrera la volvió a negar, el caso volvió a la Fiscalía y estuvo meses dormido en el escritorio del fiscal Andrés Palencia, quien renunció argumentando razones personales en vísperas de tener que pronunciarse.

Luego le dieron el caso al fiscal Víctor Salcedo, a quien pusimos en evidencia aquí en El Reporte Coronell, porque se había pronunciado públicamente sobre el caso y tuvo que renunciar. En fin.

Las dilaciones de la Fiscalía de Barbosa han estado acompañadas de recursos para demorar y demorar. En el Tribunal Superior de Bogotá, en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional, la defensa ha perdido.

Bueno, relativamente. La verdad es que la estrategia ha permitido que el caso se acerca a la prescripción de la acción penal. Hoy parece casi imposible que en octubre del año entrante haya una sentencia de segunda instancia. Si no la hay, el caso morirá y el expresidente Uribe quedará amparado por la prescripción.

El abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el proceso, pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell en La W para hablar sobre el tema.

“Lo que está buscando la defensa de Uribe es que prescriba el proceso, han usado los elementos jurídicos legales necesarios porque la gran ambición es esa”, afirmó.

El abogado del Río, además, recordó que las audiencias que se vienen son clave, porque es en las que se define qué elementos probatorios llegarán al juicio y cuales son descartados.

“Veremos debates muy fuertes y como se intenta dilatar el proceso (…) Tenemos una jueza que ha sido muy rigurosa y no ha permitido que se extienda, sin embargo, la fecha límite es el 17 de octubre de 2025, si logran llevarlo hasta esta fecha estaríamos ante un riesgo de que el caso prescribiera”, advirtió.

Bonus track 1

El pasado 27 de agosto, a las 4 p.m. se cerró la inscripción de aspirantes a ser nominados por el presidente de la República como integrante de la terna para procurador general de la Nación.

Una fuente del alto gobierno le confirmó a El Reporte Coronell que 30 personas se inscribieron. Esa misma fuente asegura que el nombre más conocido entre los inscritos es el del exvicefiscal y exfiscal encargado, Jorge Perdomo.

Recuerden que el Senado elige procurador entre un candidato del Consejo de Estado, uno de la Corte Suprema de Justicia y uno del presidente.

En el Consejo de Estado se abre paso el exministro Luis Felipe Henao, cercano a Germán Vargas Lleras, y en la Corte Suprema, el exsenador y exrepresentante a la Cámara, Germán Varón Cotrino, también de la cuerda de Vargas Lleras.

Bonus track 2

La renuncia de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, dos miembros independientes de la junta directiva de Ecopetrol, hizo evidente lo que se sentía del año pasado: el Gobierno tomó el control de la empresa y que en las decisiones prevalecen las razones ideológicas sobre las financieras.

Echavarría y Zuleta se van porque Ecopetrol rechazó efectuar un negocio que lucía esplendido desde el punto de vista financiero. La compra del 49% de CrownRock garantizaba según los expertos alrededor de 1.000 millones de dólares de ingresos adicionales para la empresa colombiana... pero era a través de la explotación de un yacimiento en Texas, Estados Unidos, a través de fracking.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dice que el endeudamiento que necesitaría Ecopetrol para efectuar la compra afectaría la calificación crediticia de la compañía. Todos los cálculos financieros muestran que la operación pagaría la deuda y dejaría grandes utilidades.

Lo que pasa en realidad es otra cosa.

El Gobierno considera inconsistente oponerse al fracking y al mismo tiempo extender la propiedad de Ecopetrol en una compañía que deriva sus ingresos de la controvertida técnica del fracking.

Consecuente, sí; mal negocio, también.

Escuche El Reporte Coronell en La W: