Este martes se define si se anula o no el caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez

El Tribunal Superior de Bogotá definirá si se declara o no la nulidad del proceso por presunta manipulación de testigos que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, en medio de una audiencia que se adelantará este martes 27 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.

En medio de una audiencia virtual, los magistrados de la Sala Penal se pronunciarán sobre el recurso de apelación que interpuso la defensa del también expresidente, ante la decisión de primera instancia de negar la solicitud de nulidad de todo lo actuado en este caso.

La apelación se dio luego que el Tribunal Superior de Bogotá hubiese aceptado la queja que interpuso el penalista contra la juez, tras haber rechazado de plano la solicitud de nulidad en este caso.

Entre tanto, el recurso de queja se dio luego que el abogado Granados hubiera solicitado antes de iniciarse la audiencia de acusación por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal contra el también expresidente, que se declarara la nulidad de todo lo actuado, tras argumentar que se han violado varios derechos fundamentales, entre ellos el del debido proceso y la defensa.

También pidió que no se reconociera como víctimas al exfiscal Eduardo Montealegre; al ex vicefiscal Jorge Perdomo y a Deyanira Gómez (exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido considerado como el testigo clave en este caso).

Igualmente, el abogado Granados argumentó que el alto tribunal deberá pronunciarse frente a la variación de la imputación entre lo que sucedió en la diligencia de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia y la audiencia de acusación ante la Fiscalía General de la Nación.

En contexto: la apelación

Durante su intervención, el abogado Granados aseguró que la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento se equivocó al haber rechazado la solicitud de nulidad de todo lo actuado, pues logró argumentar porque a su cliente (exsenador Uribe Vélez) le violaron los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

“En una imputación, en todos los casos que uno ve bajo la ley 906, señoría, uno debe saber de qué lo imputan; ¿qué conforma esa imputación?; ¿cuál es la precisión de la imputación?; todos sabemos que la imputación implica un acto de parte de la Fiscalía, que le comunica al que va a ser considerado como imputado, frente al juez de control de garantías, unos hechos jurídicamente relevantes de los cuales se puedan impedir provisionalmente unas consecuencias de imputación jurídica que luego se consolidan con la audiencia de formulación de acusación, previo escrito de acusación”, señaló Granados.

Igualmente, el reconocido penalista señaló que no existe claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que, aparentemente, se habría cometido la conducta ilegal, por lo que advirtió que al expresidente se le vulneró el derecho a la defensa.

Y agregó que, con esas mismas fallas que se cometieron con la imputación de cargos, se fundamentó el escrito de acusación.

“No está claro qué se le imputó, no están claros los ribetes de la imputación. Todo lo contrario, justamente, a lo que es una formulación de imputación. La Fiscalía General de la Nación comunica la calidad de imputado, estableciéndose cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y precisa, en una audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia de su defensor, para que sepa de qué se investiga y pueda ejercer su derecho de defensa desde ese momento si no lo hizo antes, pero acá no hay claridad”, afirmó.