Procuraduría pidió a la JEP anular su proceso contra el excongresista Luis Almario Rojas
Almario fue el primer compareciente que la Jurisdicción remitió a su Fiscalía. Para la Procuraduría, se trató de un procedimiento irregular.
Luis Fernando Almario. Foto: Colprensa/Germán Enciso.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un incidente de incumplimiento y una nulidad en el caso del excongresista Luis Fernando Almario Rojas, un exrepresentante a la Cámara del Partido Conservador condenado por parapolítica.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, la Jurisdicción vulneró “el factor de competencia”, es decir, la normativa sobre qué autoridad puede investigar y juzgar a Almario, pues su proceso fue enviado al trámite acusatorio “sin cumplir lo previsto con la ley”.
O sea, según la Procuraduría, la causa fue enviada por las salas de justicia de la JEP hasta la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es como la Fiscalía de la Jurisdicción, la entidad que se encarga de los expedientes en los que las personas imputadas no acepten su responsabilidad.
Lea también:
La Procuraduría afirmó que, como no existió un auto de determinación de hechos y conductas —o sea, una imputación— para Almario, el proceso no debía ir a la UA. “También de vulneró el principio de integralidad del sometimiento, al tratarse de una situación anómala”, agregó.
Actualmente, el excongresista sigue en un proceso en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en el que, según el ente de control, “no ha cumplido con los requerimientos exigidos por el régimen de condicionalidad”, lo que significa que su sometimiento debería estar en jaque.
El extepresentante, aun cuando fue condenado en la justicia ordinaria, se ha calificado todo el tiempo ante la JEP como “ajeno a la guerra y a los crímenes atribuidos”, lo que debió haber servido para abrir un incidente de incumplido miento, algo que la Jurisdicción no valoró.
“Para el Ministerio Público, esta solicitud de nulidad busca controlar la legalidad de la actuación judicial y garantizar a los sujetos procesales el derecho fundamental al debido proceso”, aseguró el órgano disciplinario a través de un comunicado con el que reiteró su postura de 2023.
