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“Cancillería formó un enredo jurídico”: José Antonio Salazar sobre lío de pasaportes

José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, habló en W Fin de Semana sobre el futuro de la expedición de pasaportes en Colombia.

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José Antonio Salazar - Cortesía

En diálogo con W Fin de Semana, José Antonio Salazar, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció acerca del futuro de la expedición de pasaportes en Colombia una vez finalice el contrato actual de impresión el próximo 2 de octubre, en medio del lío jurídico que enfrenta el Gobierno Nacional con la firma Thomas Greg & Sons.

Es preciso recordar que, en días pasados, fuentes le revelaron a La W que han existido acercamientos entre la Cancillería y la firma Thomas Greg con el fin de analizar la manera de superar el conflicto. Así, el Ministerio pretende garantizar la continuidad de los servicios en la expedición de pasaportes y encontrar una forma de resolver el pleito jurídico que se produjo entre las partes debido al incumplimiento del contrato.

Salazar, quien fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro tras haber adjudicado la licitación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons y había advertido esta situación, recordó que hace seis meses manifestó que el tiempo le daría la razón.

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“Esto ocurrió antes de lo que era previsible”, advirtió, agregando que, de no resolverse el asunto, a partir del 3 de octubre, “se produciría un desabastecimiento de pasaportes y una suspensión del servicio público, cosa que no puede llegar a ocurrir”.

Por eso, considerando que el tiempo para resolver el lío es cada vez menor, Salazar advirtió que la manera de evitar una crisis es que la Cancillería continúe adelantando las gestiones para garantizar la continuidad del servicio.

Así, sobre si los tiempos serían suficientes para hacer toda la acomodación necesaria con el fin de estar listos para la impresión de las libretas, Salazar sostuvo que ese proceso de licitación “requiere más de un año”.

“Eso es precisamente lo que está ocurriendo con el proceso de licitación: fue iniciado en diciembre del año 2022 con la publicación del plan de necesidades de la Cancillería, esa es la etapa de planificación. Luego hicimos los estudios de mercado y solo hasta marzo o abril de 2023 se adelantó ese proceso que llegó hasta el mes de septiembre, cuando fue declarado desierto”, explicó.

Por eso, advirtió que un proceso de licitación “serio y de esa naturaleza” requiere, como mínimo, de 10 meses, “que era lo que el entonces canciller Álvaro Leyva había previsto cuando, después de declarar desierta la licitación, se reabrió un nuevo proceso licitatorio y se hizo el contrato de urgencia manifiesta por término de un año”.

En cuanto a la mesa convocada por la Procuraduría General de la Nación en la que estarán presentes los delegados de Tomás Greg y de la Cancillería para buscar una solución ante una eventual crisis de la fabricación de pasaportes, Salazar consideró que esta debe ser “exclusivamente jurídica”, porque “el tema tecnológico hace mucho rato está definido en el pliego de condiciones que existió en el proceso de licitación que me correspondió mientras era secretario general”.

En ese sentido, el exfuncionario aseguró que en la Cancillería formaron “un enorme enredo jurídico después de mi salida”.

Sobre si el Gobierno Nacional está o no en la capacidad de elaborar los pasaportes y si la Imprenta Nacional puede asumir esa responsabilidad junto con un aliado estratégico de otro país, Salazar afirmó que esto es “absolutamente imposible”.

“Trataron de acudir al mecanismo de la Imprenta Nacional porque esta tiene un sistema de contratación que se rige por el derecho privado y, por lo general, ha celebrado esos contratos administrativos como un intermediario más para buscar al privado. Es una forma de distraer el proceso de licitación pública que la norma manda”, indicó.

Así, Salazar insistió en que el tiempo le está dando la razón, ya que “la expedición de pasaportes no es una tarea fácil, es compleja y necesita mucha tecnología”. Por eso, consideró que, con lo que ha ocurrido, “está establecido que no hay en Colombia otro proveedor y se desvirtúan todos los cargos al proceso literario en el sentido de que estaba dirigido o que estaba dándole gavelas a determinado postor que, finalmente, terminó siendo el único habilitado por haber cumplido con la total de los requisitos”.

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