Las razones de la Cancillería para buscar arreglo con Thomas Greg and Sons

El próximo 2 de octubre termina el contrato de emergencia entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg and Sons para la elaboración de los pasaportes en Colombia.

Un año después de la crisis que sacó a Álvaro Leyva de la Cancillería y ocasionó una demanda de 120.000 millones del polémico contratista al Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha podido encontrar una empresa que solucione el problema del suministro de pasaportes.

Si Gobierno y proveedor no llegan a un acuerdo en los próximos días, los colombianos van a sufrir una crisis en la elaboración y entrega del documento necesario para viajes internacionales.

El presidente Gustavo Petro ha calificado en duros términos a la empresa Thomas Greg and Sons, pues ha dicho de ellos que son “un cartel de la contratación” y “una sola empresa privada, cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes”.

A pesar de los señalamientos del mandatario, el Ministerio de Relaciones Exteriores –a través de funcionarios medios– está buscando llegar a un arreglo con Thomas Greg and Sons para evitar la que ya se ve como una crisis inminente en la entrega de pasaportes …y también porque dentro de la Cancillería están viendo perdida la demanda interpuesta por los contratistas.

Todo esto empezó cuando aquí, en El Reporte Coronell, contamos que el entonces canciller Álvaro Leyva dió un triste espectáculo increpando a gritos a la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Martha Lucía Zamora, porque ella, al igual que el Comité de Conciliación de la propia Cancillería, había recomendado conciliar la diferencia con el contratista que había sido calificado con 1.000 puntos de 1.000 posibles en una licitación adelantada en los términos la Cancillería dirigida por el mismo Álvaro Leyva.

Entre la indecorosa gritería del canciller, que tuvo como escenario la Casa de Nariño, repitió: “A mí no me importa que condenen al Estado. Eso se demora mucho. Me van ir a cobrar a la tumba, me van a ir a notificar a la tumba”.

El ministro de Relaciones Exteriores de entonces, después suspendido por la Cancillería por desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal, hacía alusión a la tradicional morosidad en las decisiones judiciales que hace que cualquier pleito se demore muchos años.

Álvaro Leyva, el octogenario funcionario, apostaba a que se despediría de este mundo antes de que la justicia tomara una decisión, pero no.

Para fortuna de todos, y como un innegable favor de la Divina Providencia a Colombia, el doctor Leyva va a alcanzar a conocer la decisión que condena al Estado colombiano por sus actuaciones cuando era canciller.

La sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con firma de la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, profirió un auto en el proceso por nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el contratista la Unión Temporal Pasaportes 2023, controlada por Thomas Greg and Sons, contra la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Fondo Rotatorio de la Cancillería.

El auto define las pruebas y, por favor oigan esto con atención que es lo más importante, anuncia sentencia anticipada. Es decir que este mismo año se conocerá la decisión sobre la cuantiosa demanda.

¿Cuándo se puede proferir una sentencia anticipada según la ley? En los casos en los que no haya necesidad de pruebas o las solicitadas sean impertinentes, inconducentes e inútiles.

El Tribunal aceptó:

1. Las pruebas documentales aportadas por el contratista y por la Cancillería.
2. Dictamen pericial aportado por los contratistas sobre las utilidades esperadas. El dictamen no fue objetado por el Ministerio.

En cambio, el Tribunal decidió negar la solicitud de la Cancillería para oficiar a la Fiscalía y a la Superintendencia de Industria y Comercio porque, según el auto, el Ministerio de Relaciones no demostró gestión para obtener estos documentos y porque esa información no es pertinente para demostrar que los actos administrativos del gobierno fueron legales.

También negó una serie de testimonios pedidos por la Cancillería por considerarlos inconducentes dentro del proceso administrativo.

Por todo esto, en el auto que ustedes puedn ver a continuación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió “anunciar que en este asunto se proferirá sentencia anticipada”:

La noticia ha caído como una bomba en el Gobierno. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que no había participado en el litigio, pidió intervenir, con lo cual el proceso queda suspendido por 30 días. En todo caso, hace inevitable el pronunciamiento del Tribunal en el curso de este año.

Ante la inminencia de la decisión y también del vencimiento del contrato para la elaboración de los pasaportes que, reitero, termina el 2 de octubre, funcionarios de la Cancillería le están pidiendo a Thomas Greg and Sons que lleguen a un acuerdo para extender, quizás usando la figura de la urgencia manifiesta, el actual contrato y llegar a un acuerdo para conciliar la demanda.

Tanta vuelta para llegar al mismo punto que ocasionó la vergonzosa gritería de Leyva y la petición de renuncia de la entonces directora de la Agencia de Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora. Tenía razón: lo que correspondía era buscar la conciliación para evitar la interrupción del suministro de pasaportes y el pago de 120.000 millones al contratista por desconocer los efectos de una licitación armada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por capricho del entonces canciller Álvaro Leyva, Colombia terminó recorriendo un doloroso camino para llegar al mismo punto en el que estábamos hace un año.