Alcalde Galán criticó decisión de terminar contrato para recuperar el San Juan de Dios

El alcalde de Bogotá expresó su preocupación por la decisión del interventor designado por el Gobierno de terminar el contrato para la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.  (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images)

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su preocupación ante la decisión unilateral del interventor designado por el Gobierno Nacional de dar por terminado el contrato para la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Según el alcalde, esta medida podría tener graves consecuencias tanto para la salud de los bogotanos como para el patrimonio de la ciudad.

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En declaraciones a través de sus redes sociales, Galán señaló que la intervención de la Subred Centro Oriente por parte del Gobierno Nacional, realizada el pasado 7 de mayo, ya había generado inquietudes, pese a los esfuerzos conjuntos entre el Distrito y la Nación para mejorar las condiciones del sistema de salud en la capital.

“En Bogotá somos respetuosos de las competencias de la Nación, pero nuevamente vemos con extrema preocupación algunas decisiones del Gobierno Nacional sobre Bogotá”, afirmó el mandatario.

Galán subrayó que la decisión del interventor no solo compromete la prestación de los servicios de salud, sino que también afecta la estabilidad del Sistema Distrital de Salud y pone en riesgo la recuperación del San Juan de Dios, un proyecto respaldado por diversas sentencias judiciales.

“Quiero ser muy claro: esta decisión no protege la salud de los bogotanos; al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio de salud”, enfatizó.

El alcalde también destacó el impacto negativo que esta medida podría tener sobre el patrimonio de la ciudad, señalando que existen dos tribunales arbitrales que están defendiendo los intereses tanto de Bogotá como de la Nación en relación con este proyecto.

“Estos procesos suman pretensiones que ascienden a más de 100.000 millones de pesos. No podemos y no vamos a quedarnos con los brazos cruzados”, expresó Galán.

En respuesta a la situación, Galán informó que ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que verifiquen si la decisión adoptada por el interventor cumple con los principios de moralidad administrativa y si está protegiendo el patrimonio público.

Además, ha instruido a la Secretaría de Salud y a la Secretaría Jurídica del Distrito para que evalúen las acciones administrativas y judiciales necesarias frente a esta decisión.

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