Una caravana humanitaria reubicó a los firmantes de paz amenazados de Miravalle

Más de 80 personas dejaron las pocas calles de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Una caravana humanitaria las reunió desde el 20 de agosto para desplazarse, por su seguridad y en contra de sus deseos, hasta un predio ubicado en El Doncello, un municipio caqueteño en donde estarán temporalmente.

“El espíritu colectivo del ETCR Miravalle y su comunidad fue determinante para que los proyectos productivos, como Caguán Expeditions y Creapaz, continúen con sus apuestas de transformación local”, expresó la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que acompañó la ruta de la reubicación digna de quienes firmaron la paz.

La comunidad, que tuvo que huir de las amenazas del autodenominado Estado Mayor Central, permanecerá albergada en Rancho Grande, un terreno con el que el Gobierno brinda una “solución provisional” a la “demanda histórica de reforma rural y vivienda digna”. “Cuidar la vida de las y los firmantes es cuidar el Acuerdo”, remachó la Agencia.

De acuerdo con lo que Miravalle acordó con el Ejecutivo en una reunión el 19 de julio, la idea es que la comunidad de firmantes esté en El Doncello mientras las autoridades adquieren un predio definitivo. La idea es que, tanto en Rancho Grande como en una próxima tierra, la población desarrolle su proyecto de vida y sus proyectos productivos.

La Misión de Verificación de la ONU, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Militares y autoridades del Caquetá acompañaron la caravana para garantizar su seguridad. El Comité de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) también estuvo en el grupo, aunque “con profunda tristeza”, según su representante Federico Montes.

“Vamos con nuestras familias, los niños, los animalitos, nuestros enseres. Estamos esperando que nos acompañe el tiempo y que el viaje sea ameno para todos. Nos quedan sentimientos encontrados, porque estás han sido nuestras vidas, aquí las hemos construido”, relató este martes Adriana Villa, firmante de paz, al inicio de la travesía.

Según cifras de la ARN, en el traslado se registraron 46 firmantes de paz, 41 núcleos familiares, 34 núcleos familiares con muebles y enseres, 84 personas aproximadamente, 65 animales o mascotas, mil quinientos muebles y enseres y 224 tulas de ropa. Además, viajaron un proyecto colectivo, ocho proyectos individuales y tres iniciativas de paz.

El desplazamiento forzoso llega casi dos meses después de que ‘Caguán Expeditions’ y ‘Remando por la Paz’, dos ideas de firmantes de paz que han atraído a más de tres mil turistas a un territorio dispuesto para la reincorporación de excombatientes de las antiguas Farc, anunciaron que se ven “obligados” a salir de su territorio.

La razón, explicaron el 28 de junio, es que quedaron “en medio de una absurda disputa” entre el EMC comandado por alias ‘Calarcá’ y la Segunda Marquetalia, dos disidencias del Acuerdo de Paz de 2016. Las intimidaciones han llegado “hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones”.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá, fue calificado como “zona de conflicto” por parte de la estructura Iván Díaz, un frente al mando del disidente Alexander Díaz Mendoza’, uno de los negociantes de la mesa de diálogos del EMC con el Gobierno Nacional.

“Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, dijo el EMC en su mensaje, que luego fue descrito como “inadmisible” por el jefe negociador del Gobierno con el grupo, Camilo González Posso.

La facción armada acusó a quienes firmaron la paz y habitan en Miravalle de colaborar con la Segunda Marquetalia, el grupo de ‘Iván Márquez’ con el que el Gobierno instaló una mesa de diálogos el 24 de junio en Caracas, Venezuela. Aunque el Ejecutivo intenta acercarse a ambas estructuras, los enfrentamientos entre ambas no cesan.

Miravalle se convirtió, entonces, en el quinto ETCR, entre los veinticuatro dispuestos con el Acuerdo de Paz para la reinserción, en experimentar desplazamientos masivos, pese a que se trata de un territorio en el que los exguerrilleros diseñaron uno de los procesos más exitosos de reincorporación, el club deportivo ‘Remando por la Paz’.

El club reunió a un puñado de firmantes que le apostó al ecoturismo y al rafting hasta el punto de representar a Colombia en los mundiales de balsismo en 2019, en Australia, y en 2023, en Italia. “La decisión de cambiar los fusiles por los remos fue justamente para navegar hacia nuevos horizontes”, expresó el comunicado que anunció su cierre.

“Logramos construir nuestro proyecto turístico, trayendo más de tres mil visitantes a nuestra región y generando oportunidades de desarrollo económico a las comunidades”, subrayó el comunicado, publicado entre ‘Remando por la Paz’ y ‘Caguán Expeditions’, que insistió en que sus intenciones velaban “por la construcción de la paz, la reconciliación”.

El 26 de junio, dos días después de que el Gobierno y la Segunda Marquetalia se sentaron públicamente en una misma mesa en Venezuela, se conoció el panfleto con el que el Estado Mayor Central declaró a Miravalle “zona de confrontaciones armadas”. Un día después, las Naciones Unidas se pronunciaron en rechazo a tal designación.

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, expresó “gran preocupación” por el ETCR. Además, llamó a todos los grupos armados “a respetar la vida y la reincorporación de los firmantes”, pues “una genuina voluntad de paz pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de paz y reconciliación”.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado 426 homicidios de excombatientes de las Farc que, a su vez, se suman a denuncias por, entre otros crímenes, desplazamientos forzados y amenazas.

Los hostigamientos han llegado por cuenta de tres patrones de riesgo, según la UIA: las disputas entre disidencias del Acuerdo, el control social ejercido por grupos armados ilegales y la búsqueda de rentas criminales y aprovechamiento de tierras despojadas o adquiridas irregularmente, lo que afecta la búsqueda de paz.

Según datos de la Agencia de Reincorporación, desde la firma del Acuerdo de 2016 han sido reubicados cinco ETCR por su seguridad: el de Ituango, del que 93 personas tuvieron que irse a Muratá, Antioquía; el de Yarí, pese a las negativas de las familias; el Mariana Páez, de La Guajira; el Georgina Ortiz, del Meta, y el más reciente, el de Miravalle, Caquetá.

“El asesinato de cada compareciente genera un daño irreparable que lesiona la construcción de paz y afecta los fines del Sistema Integral para la Paz, lo cual justifica adoptar medidas de manera inmediata”, aseveró en un auto en julio la JEP, que espera que la autoridades responsables del Acuerdo “cumplan con sus deberes”.