Nuevos detalles de presuntos contratos “a dedo” en Hidroeléctrica de Urrá

La W conoció nuevos detalles sobre la investigación relacionada con una serie de contratos que, al parecer, se estarían adjudicando “a dedo” en la Hidroeléctrica de Urrá, así como con la venta de energía a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación.

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló que, según la información del investigador Jorge González, en la auditoría de emergencia anunciada el pasado viernes 16 de agosto a Hidroeléctrica de Urrá, luego de las denuncias sobre la concentración de contratos de venta de energía, jugará un papel clave el viceministro de Hacienda Diego Alejandro Guevara.

Guevara ha representado varias veces al ministro Ricardo Bonilla en la junta y tenía la misión de “ojos abiertos, oídos despiertos”. Ese encargo se lo hizo el propio ministro, con el fin de asegurarse de que las decisiones financieras y estratégicas de la empresa estuvieran alineadas con las políticas públicas y el interés fiscal del Estado.

Sin embargo, Guevara le dijo a La W que él no ha ido a ninguna junta y que quien estuvo a cargo fue la exviceministra técnica María Fernanda Valdés, quien fue nombrada como miembro de junta, así como Camilo Gutiérrez.

Así, hay cuatro actas: dos de la junta directiva y dos de la asamblea general de accionistas, las cuales serían clave si los órganos de control deciden investigar dicho asunto.

La primera acta es de enero de 2023, cuando la disputa por la presidencia de la empresa supuso la salida temporal del cargo de Rafael Amaya del Vecchio. Esto llevó a las directivas a recortar facultades del representante legal de la compañía y acumular el poder en la junta.

La ayuda de memoria de la asamblea de accionistas de marzo 23 de 2023 confirma que la junta fortaleció su poder y añadió a los estatutos un parágrafo que suma una directriz que permite delegar la empresa en miembros designados a libre albedrío.

Adicionalmente, en la junta directiva de abril de 2023 –posterior a la orden judicial de reintegrar a Rafael Amaya como presidente–, documenta las medidas tomadas por la junta para cumplir parcialmente con la orden, incluyendo la imposición de nuevas condiciones para su reintegro y la delegación de funciones clave en otros directivos.

Recientemente, en la asamblea general de accionistas de mayo de 2024, se registra la aprobación de un nuevo plan estratégico para la empresa, en desarrollo del cual terminaron siendo validados procedimientos para la venta de energía a través de contratos que resultaron prácticamente de asignación directa.

La actuación más reciente de los órganos de control se dio al finalizar el primer semestre de 2024 y consistió en una auditoría financiera ordenada por el contralor Germán Castro Ferreira. Así, la Contraloría conminó a Urrá a someterse a un plan de mejoramiento, pero, debido a la naturaleza de la auditoría, sus glosas no tocaron el punto clave de la crisis: la contratación.