Espaldarazo del Consejo de Estado a la Procuraduría para sancionar a funcionarios públicos

Un fallo de tutela con ponencia del magistrado Martín Bermúdez, del Consejo de Estado, ordenó la suspensión provisional de 9 sentencias dictadas por la Sección Segunda de esta corporación.

Se trata de 9 procesos en los que la Procuraduría General de la Nación anuló los nombramientos de funcionarios elegidos por voto popular, pero que, en su efecto, la sección segunda tumbó dichas sanciones basándose en la sentencia de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro.

Cabe recordar que el alto tribunal avocó conocimiento desde el 2023 para unificar jurisprudencia acerca de si se acata o no el fallo de la Corte Constitucional que deja en firme las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría con revisión automática del Consejo de Estado o si se sigue basando en la sentencia de la Corte IDH, que tumba las sanciones del Ministerio Público por considerar que dicho organismo no es competente.

¿Qué concluye el fallo?

Lo que quiere decir este fallo de tutela es que las decisiones de la Procuraduría General de la Nación de sancionar a los funcionarios mencionados siguen en firme porque el magistrado de la Sección Tercera, subsección B, Martín Bermúdez, decidió suspender, a través de una medida cautelar, los fallos de la sección segunda del Consejo de Estado que habían dejado sin efectos las decisiones del Ministerio Público.

De esta manera, las decisiones que quedan sin efectos son las de los siguientes exfuncionarios:

1. Germán Orozco Barrera, Oromairo Avella Ballesteros y José Reinaldo Pérez Piragauta: concejales de Yopal (Casanare), periodo 2008 – 2011. Sancionados por dos videos, en los cuales «supuestamente» se evidencia que se ejerció violencia a través de amenazas e intimidaciones contra los concejales Gladys Amparo Sanabria y Cristóbal Torres Pérez, donde se autoincriminaban e incriminaban a miembros de la administración municipal de Yopal, en una serie de negociaciones indebidas que involucraban procesos contractuales de la administración y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, con sanción de destitución e inhabilidad general por 18 años.
2. Juan Carlos Giraldo Romero: alcalde de Calarcá (Quindío) periodo 2012-2015. Sancionado por irregularidad cometida dentro del proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía al contratar a una empresa de vigilancia y seguridad privada sin los requisitos de ley, con destitución e inhabilidad general por 12 años.
3. Juan David Benjumea: alcalde de Hispania (Antioquia) periodo 2008-2011. Sancionado por infringir la ley disciplinaria en el proceso de compra de tres lotes de terreno para la construcción del “Proyecto de Vivienda Entorno Saludable” con destitución e inhabilidad general por 10 años.
4. Carlos Arturo Triana Vega: alcalde de Tibasosa (Boyacá) periodo 2012-2015. Sancionado por irregularidades en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión de 2012, cuyo objeto era el alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial de la red terciaria del municipio de Tibasosa, con destitución del cargo e inhabilidad general por 10 años.
5. Robin Basilio Castro Fallace: concejal de Soledad (Atlántico) para el periodo 2016-2019. Sancionado por aprobar un proyecto del acuerdo presentado por el alcalde municipal de Soledad, para fijar un impuesto, que la Ley 19 de 1991 no había autorizado, con destitución e inhabilidad general por 10 años.
6. Jorge Luciano Bolívar Torres: concejal de Ibagué (Tolima) para el periodo 2016-2019. Sancionado por votar por el señor Ramiro Sánchez como Contralor Municipal, al modificar los porcentajes en el concurso abierto cambiando las reglas de juego, con suspensión en ejercicio del cargo por 9 meses.
7. Juan Carlos Orozco Llerena: concejal de Soledad (Atlántico) para el periodo 2016-2019. Sancionado por aprobar un proyecto del acuerdo presentado por el alcalde municipal de Soledad, para fijar un impuesto, que la Ley 19 de 1991 no había autorizado, con destitución e inhabilidad general por 10 años.
8. Víctor de Jesús Daza Rodríguez: concejal de Cúcuta (Norte de Santander), para el período 2012 – 2015. Fue sancionado por cuanto asumió y ejerció el cargo de concejal estando inhabilitado pues había suscrito y ejecutado contratos con el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander decir durante el año anterior a su elección, con destitución e inhabilidad general por 10 años.
9. José Eriberto Muñoz Ruíz: alcalde de Puerto Santander (Norte de Santander) para el periodo 2012-2015. Sancionado por decretar una urgencia manifiesta para la compra de unas motocicletas que entregó en comodato a la Policía Nacional sin el cumplimiento de los requisitos legales, con destitución e inhabilidad general por 10 años.
10. José Humberto Cruz Carrillo: concejal de Venadillo (Tolima) para el período 2012-2015, Sancionado porque en el año 2010, cuando fungió como presidente del Concejo Municipal de Venadillo, avaló irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios, con destitución e inhabilidad general por 13 años.
11. Jaime Domingo De Ávila Fernández: concejal de Cartagena (Bolívar) para el período 2012-2015, Sancionado por ejercer ese cargo estando incurso en situación de inhabilidad, con destitución e inhabilidad general por 10 años.

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Fuentes de alta credibilidad consultadas por W Radio en Córdoba confirmaron a este medio la fuerte presencia de la casa política Calle en la Central Hidroeléctrica Urrá en este departamento.

Una de sus cuotas al interior de la Central sería Ángel Delgado Domínguez, oriundo del municipio de Montelíbano en el sur de Córdoba, quien sería el jurídico de Urrá y muy allegado a la referenciada casa política que conforman el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, quien aún tiene vivo un proceso penal por presuntas irregularidades en contratación en su anterior administración (también en Montelíbano).

También integran esta casa política el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el diputado cordobés Gabriel Calle Aguas, quien aspiró a la Gobernación de Córdoba en las pasadas elecciones regionales.

Por tradición, han pertenecido al Partido Liberal colombiano.

Frente a este tema, desde Urrá siempre se ha insistido en que quienes llegan a las Directivas de la Central sería por reconocimiento a la trayectoria profesional y no por incidencia política. Igualmente, la familia Calle ha asegurado que no tienen control en la Hidroeléctrica.

Sobre el tema publicado en La W, en el que se advierte de presuntas irregularidades en la compra y venta de energía, aún se espera respuesta por parte de Urrá.

Hasta el momento, han indicado que el presidente encargado, el ingeniero Eduardo Díaz, no se encuentra en el país y sería el autorizado para referirse al caso antes expuesto.