El Gobierno pidió que se suspendan contratos de venta de energía de la Hidro de Urrá

Luego de las denuncias realizadas sobre irregularidades en contratos que se estarían entregando a dedo desde la dirección de la Hidroeléctrica de Urrá, los Ministerios de Hacienda y el de Minas y Energía, se pronunciaron finalmente a través de un comunicado en el que adoptaron medidas frente a la situación.

De esta manera, ambas carteras confirmaron que desde el pasado 31 de julio se dio instrucción a los representantes de los ministerios en la Junta Directiva, de exigir al actual gerente encargado de la compañía, Eduardo Díaz, suspender cualquier contrato de venta de energía, agregando que “solicitaron a Urrá S.A. E.S.P. activar una auditoría específica sobre los hechos mencionados y contratar una auditoría forense que permita disipar cualquier duda respecto de dichos contratos”.

Por otro lado, el Gobierno explicó que según los estatutos la Hidroeléctrica de Urrá “la celebración de los contratos de energía no requiere aprobación de la Junta Directiva” y que de acuerdo con esto, en el marco de la política del gobierno nacional por la justicia tarifaria, en especial en la Región Caribe, se tuvo conocimiento de presuntas irregularidades, situación que se registró luego de solicitar información respectiva de “los precios a los que Urrá S.A. E.S.P. ha venido comercializando la energía, las empresas con las que se ha contratado, los mecanismos utilizados y las modalidades de contratación, así como los tiempos de duración de dichos contratos”.

Dentro del pronunciamiento, ambos ministerios confirmaron lo revelado en W Radio frente a las situaciones que se registraron con quien era el antiguo presidente de la hidroeléctrica, Rafael Amaya Del Vecchio.

Allí se confirmó que el pasado 8 de febrero en Junta Extraordinaria de la empresa, la mayoría de la misma solicitó el retiro de Amaya Del Vecchio de su cargo. Y que tras su retiro, Amaya interpuso una acción de tutela para ser reintegrado en el cargo, acción que tuvo frutos el pasado 4 de marzo cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, en primera instancia, ordenó dicho reintegro y “concedió la protección a los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, salud, seguridad social, mínimo vital, debido proceso y trabajo alegados por la persona en mención en su acción de tutela”. Posteriormente, se confirmó que la sentencia fue impugnada por parte de la empresa Urrá S.A. E.S.P. permitiendo así que el pasado 29 de mayo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Montería, actuando como juez de segunda instancia, revocó el fallo que ordenaba el reintegro de Amaya, agregando que negó por improcedente la acción de tutela que dio lugar al mismo.

Ambos ministerios confirmaron que, tras los movimientos jurídicos anteriormente explicados, la Junta Directiva de Urrá, en sesión ordinaria decidió ratificar la terminación del contrato de Amaya del Vecchio.

Finalmente, se debe recordar que desde la Contraloría General de la Nación también confirmó que ya inició una auditoría financiera en la empresa.