Pese a condena por asesinato de Dimar Torres, excoronel Pérez Amézquita no ha sido capturado

El 22 de abril de 2019, miembros del Ejército retuvieron a Dimar Torres, un firmante de paz con un hijo de dos meses de gestación, y lo mataron en la vereda Carrizal, de Convención, un municipio en el Catatumbo, Norte de Santander. Las tropas intentaron ocultar su cuerpo, pero la conmoción de la comunidad impidió lo que sería el fin de otro ‘falso positivo’.

Jorge Armando Pérez Amézquita, entonces coronel, dio la orden de matar al excombatiente de las extintas Farc. El entonces uniformado, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres Número 11 del Ejército Nacional señaló falsamente a Torres de ser parte del ELN. Tres militares a su cargo obedecieron la disposición.

Guillermo Botero, entonces ministro de Defensa del expresidente Iván Duque, aseguró después del 29 de abril que la muerte fue producto de un forcejeo entre el excombatiente y los militares. En agosto, la Fiscalía comenzó un proceso penal que tardó casi cinco años y culminó con una condena de parte de una jueza especializada de Cúcuta.

El propio Botero le pidió a la justicia capturar a Pérez Amézquita en 2019, luego de varias pruebas que comprometían su responsabilidad. Entre ellas, el testimonio del cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien tras un preacuerdo con la Fiscalía aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida.

Un juez condenó a Gómez a veinte años de prisión. Pérez Amézquita y otros tres soldados profesionales, por su parte, no aceptaron los cargos que la Fiscalía les imputó en enero de 2020, el mismo año en que fueron capturados. Los cuatro quedaron en libertad en junio de 2022 por vencimiento de términos, luego de varias dilaciones.

Desde entonces, el coronel en retiro Pérez está en libertad, pese a que en febrero la juez de Cúcuta lo condenó a pagar cuarenta años de prisión, el doble del tiempo del subalterno que lo señaló. Seis meses después, la defensa de la familia de Torres denuncia, de nuevo, dilaciones para hacer efectiva la orden de detención en su contra.

El abogado Diego Martínez expresó en sus redes sociales que el Ministerio de Defensa no ha reconocido su responsabilidad en el crimen, “ni siquiera en estos tiempos de ‘gobierno del cambio’”. “Solo una persona, el coronel Pérez Amézquita, el militar de más alto rango (del caso) es el que decide no acogerse, y hoy se encuentra prófugo”, añadió.

“Sus antiguos compañeros de armas y el Ministerio de Defensa han decidido no capturarlo”, afirmó Martínez, alegando que “no se conoce ninguna campaña u operativo tendiente a su captura y a hacer efectiva la orden de un juez de la república”. El jurista pidió cumplir la sentencia para no quedar “frente a un gran hecho de impunidad”.

Martínez le insistió a W Radio en que los “compañeros de armas” de Jorge Pérez Amézquita “no hacen nada para capturarlo”, pese a que ha solicitado al Ministerio de Defensa y a la Policía cumplir la decisión judicial. Su hipótesis es que, como no hay ningún “esfuerzo de ningún tipo” para arrestar a Pérez, actualmente “existe solidaridad de cuerpo”.