Joaquín Gómez y ‘Sonia’ negaron que las Farc haya usado a personas como esclavos

A pesar de las evidencias recogidas por la Procuraduría y la decisión adoptada por la JEP de reconocer la comisión de esclavitud por parte de unidades de las Farc como el Bloque Sur contra secuestrados y civiles en sus zonas de influencia, exjefes de ese Bloque como Milton de Jesús Toncel ‘Joaquín Gómez’, Omaira Rojas ‘Sonia’ y otros comparecientes negaron en audiencia que esto haya ocurrido.

W Radio conoció apartes de la audiencia que rindieron por el caso de secuestros, en la cual se refirieron a las acusaciones contra la guerrilla por estos delitos.

Allí, Joaquín Gómez afirmó que en ningún momento se esclavizó personas. Según el excomandante del Bloque Sur, solamente se dedicaron a hacer cumplir las sanciones que las Juntas de Acción Comunal imponían a civiles por “infringir” las normas. Además, afirmó que de esos “trabajos forzados” se beneficiaba la “comunidad” y no ellos.

“Había personas que la Junta Comunal había sancionado, pero no le prestaban atención, entonces la misma Junta Comunal sugería: mire compañero, pongan a trabajar a fulano, mire, ese fue sancionado aquí por nosotros y no, no ha pagado la sanción, que también participe en el trabajo colectivo (las carreteras). Y participaban, todo esto para explicar que la gente no estuvo esclavizada, ni fue un trabajo forzado”, afirmó Joaquín Gómez.

De hecho, según Gómez las personas se pudieron sentir obligadas a trabajar en la construcción de vías, por ejemplo, al sentirse “intimidadas” por las armas de los guerrilleros, pero no fueron obligados a trabajar en construcción de vías entre otras “labores”.

“Eso se podía entender como una cuestión intimidatoria. Es más, algunos han permitido que se identifiquen sin ningún tipo de diferencia a las Juntas Comunales como si fueran o hicieran parte de nuestra organización (...) Desde ese punto de vista sí resultaba que era un poco forzada la cosa, ¿sí?, porque si no es por las armas podían decir “no, yo no voy, no me da la gana de ir”, pero como veían las armas entonces “sí, compañero, vamos y no sé qué”, dijo Gómez a la JEP.

Por su parte Omaira Cabrera ‘Sonia’, en la misma posición asumida por Joaquín Gómez, señaló que un porcentaje del cobro por “gramaje” de la coca era destinado a la construcción de vías para la comunidad y las mismas Juntas de Acción Comunal los buscaban, no ellos a la Junta, para que impusieran trabajos en esas vías en construcción a las personas y de pronto, estas se sentían intimidadas por las armas, pero no porque las Farc quisiera esto.

“Hablaban con nosotros “mire hombre, este no va a trabajar”, entonces dijimos bueno, pues hay que ir a trabajar. Entonces esta gente sí que pedía que estaba ya por coerción, por obligación, por intimidación de las armas, y nosotros entendemos y reconocemos eso hoy de que claro, al tener las armas pues la gente se sentía obligada porque no estaba trabajando voluntariamente como lo hacía el resto de las Juntas de Acción Comunal”, aseguró ‘Sonia’.

Todo lo anteriormente expuesto, fue en contravía de los crudos testimonios que recogió la Procuraduría, y varias víctimas y sus abogados presentaron ante la jurisdicción, en donde contaron que fueron obligados a trabajar forzosamente por orden de las Farc.

Así se expuso en un caso el 11 de junio de 2002. Dos secuestrados fueron obligados a trabajar de forma forzosa por negarse a pagar la extorsión y luego les tocó dar dinero a las Farc para lograr su libertad. Esto fue desmentido por otro de los exjefes del Bloque Sur como Óscar Montero Arredondo.

“Nosotros no demandamos la realización de trabajos a carreteras a quienes no pagaran estas extorsiones, o sea, nosotros no utilizábamos esa situación de secuestrar a alguien o porque no pagaba, o sea, cogerlo de esa manera a trabajar”, dijo Arredondo.

Pero no fue el único caso, también en la audiencia fue presentado otro hecho, en el que una víctima el 15 de enero de 2003 que trabajaba como transportador de pasajeros fue secuestrado por integrantes del Bloque Sur de las Farc, y fue puesto a trabajar forzosamente llevando víveres o a los propios guerrilleros.

Según las Farc, el hecho se habría tratado de un “favor” que le pidieron al secuestrado, mencionaron que le habrían “pagado” y que de pronto no calcularon cómo se habría “sentido” por trabajar para ellos.

“Uno consideraba que pues el señor y pensaba que el señor se iba hasta contento con la remuneración que uno le hacía por el servicio que le prestaba a uno, pero pues lógicamente hoy entendemos que ya hoy se están manifestando cómo se sintieron, o cómo se sentían ellos en ese entonces”, dijo Montero Arredondo.

De hecho, según los exintegrantes del Bloque Sur de las Farc se hizo todo lo posible por pagarle a la gente por cada trabajo que realizaban, y si no tienen evidencia de ello es porque toda esa documentación se perdió en la selva.

“Entonces eso se guardaba, se metía en un timbo. Muchas veces no volvíamos más a ese lugar y las veces que volvíamos, generalmente, eso estaba lleno de agua o el comején se había metido todo”, dijo Joaquín Gómez.

Al margen de las explicaciones, y reconocimientos parciales realizados por los excomandantes del Bloque Sur, la Procuraduría les exigió aceptar de forma completa lo ocurrido y admitir que “las víctimas secuestradas fueron obligadas a llevar a cabo labores en contra de su voluntad por medio del uso de las armas”.

En el mismo sentido se criticó que se restara importancia al número de casos que se presentaron: “Sostener que fueron unos pocos que sintieron, se sintieron afectados por la imposición de estos trabajos es desconocer las denuncias que están realizando el día de hoy las víctimas y las múltiples más que reposan en el expediente”.

Al mismo tiempo se cuestionó que desde los comparecientes de las Farc se trasladara algún tipo de responsabilidad a los miembros de las Juntas de Acción Comunal señalando que ellos los buscaban para que “hicieran cumplir” las sanciones. Para la Procuraduría, esto podría contribuir a la estigmatización de esas instancias decisorias.