El proceso judicial entre Thomas Greg y la Cancillería por los pasaportes está suspendido

Aunque en los primeros días de agosto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les notificó a Thomas Greg & Sons y al Ministerio de Relaciones Exteriores que el litigio por el contrato para expedir pasaportes llegaría a una sentencia anticipada, el proceso actualmente está suspendido y podría no continuar hasta los primeros días de septiembre.

La razón, de acuerdo con un auto firmado por la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, es que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que expresa los intereses del Gobierno en los procesos judiciales en los que se vea involucrado, no ha intervenido en el proceso. La entidad expresó su intención el primero de agosto.

Con un memorial de dos páginas, la abogada Alexandra Forero, apoderada de la ANDJE, anunció, en negrita y con subrayado, que “la Agencia intervendrá, mediante escrito que se radicará ante su despacho, en el proceso de la referencia”. Además, pidió suspender el proceso por treinta días y solicitó acceder al expediente virtual, que inició en enero.

En respuesta, el Tribunal subrayó que la Agencia puede “actuar como interviniente en cualquier estado del proceso” y que su intervención suspende por treinta días cualquier litigio. Por tanto, “la suspensión del proceso operó desde el 1 de agosto de 2024″, así que cualquier solicitud en el caso se resolverá cuando los términos continúen.

Que se suspenda la causa hasta septiembre es clave porque el Tribunal había anunciado a principios de agosto que la demanda tendría como resultado una sentencia “anticipada”, es decir, en algunos meses en vez de en varios años. Asimismo, el contrato actual para que Thomas Greg siga fabricando pasaportes va hasta el 2 de octubre.

A finales de julio, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el lío jurídico por la fallida licitación para fabricar pasaportes en Colombia se resolverá más rápidamente de lo que se creía. Tras desestimar algunas pruebas que pedía la Cancillería, la magistrada Bertha Ceballos anunció una sentencia anticipada.

El litigio comenzó con la demanda que la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada mayoritariamente con la multinacional Thomas Greg & Sons, interpuso para anular el acto administrativo con el que el Gobierno declaró desierto el proceso de licitación con el que se le asignaría a una empresa la tarea de elaborar los pasaportes en el país.

La Cancillería había emitido dos resoluciones con las que aseveró que no le entregaría el contrato para los documentos a la empresa Thomas Greg, que ya llevaba varios años como encargada. En febrero de este año, José Antonio Salazar, entonces secretario de la Cancillería, tumbó ambos documentos y echó a andar de nuevo la licitación.

Por eso, el propio presidente Gustavo Petro apartó de su cargo a Salazar. Una resolución de junio terminó revocando todo lo que el exfuncionario hizo en el marco de la fallida contratación. La demanda siguió adelante y el Tribunal Administrativo la admitió en abril. Poco más de tres meses después, se examinaron algunas pruebas y propuestas.

El Tribunal determinó que los testimonios que el Ministerio de Exteriores pidió excusar “son inconducentes e inútiles”. “Su objeto se refiere a los antecedentes de la licitación pública que ya obran en el expediente y a los aspectos técnicos de los pasaportes electrónicos”, explicó el órgano administrativo, que solo admitirá prueba documental.

O sea, en lo que queda del proceso el Tribunal solamente revisará los documentos que ya ha ordenado, como las resoluciones, las motivaciones de ellas, los informes que contengan especificaciones técnicas sobre qué debían aportar los proponentes de la licitación, los antecedentes de la contratación, entre otros oficios.

La eventual sentencia podría condenar al Estado si se comprueba, como lo advirtió Thomas Greg & Sons, que el Gobierno utilizó motivos falsos para abusar de su poder y anular ilegalmente el proceso licitatorio. Además de anular las resoluciones, la compañía pide un restablecimiento del derecho de más de $115.000 millones.

El Gobierno, por su parte, sumó a sus filas en el litigio a una nueva aliada: la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, actualmente en cabeza del exmagistrado del Consejo de Estado César Palomino Cortés. La entidad le envió el primero de julio al Tribunal un oficio en el que pide acceder a todo el expediente para poder intervenir adecuadamente.

Alexandra Forero envió el 2 de agosto una solicitud de aclaración del auto que anunció la sentencia anticipada. El Tribunal no responderá la petición hasta que termine la suspensión. El 6 de agosto Forero volvió a pedir el expediente, pues advirtió la “imposibilidad de ver actuaciones clasificadas”. La Agencia, en últimas, aún no ha intervenido.