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Denuncian ‘marrullas’ para frenar demanda contra Carlos Amaya

Un veedor de Tunja advierte que la defensa del gobernador de Boyacá, está acudiendo a ‘leguleyadas’ como la presentación de documentos en lenguas indígenas, sistema braille y para sordomudos.

Carlos Amaya. Foto: Suministrada.

El Consejo de Estado unificó varias demandas de nulidad electoral en contra del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por supuestamente haber apoyado a candidatos distintos a los de su colectividad, el partido Verde.

El veedor de Boyacá, Yesid Figueroa, advirtió en Sigue La W que la abogada de Amaya, la exconsejera de Estado y candidata a procuradora General, Lucy Jeanneth Bermúdez, y otras instancias que buscan defender a Amaya, están acudiendo a recursos para dilatar el proceso.

Figueroa hace referencia por ejemplo, a sendos memoriales en braille y lenguas indígenas, con el propósito de presuntamente, darle largas a la demanda de nulidad electoral en el Consejo de Estado que necesita acudir a traducciones oficiales por parte de expertos:

Puede leer:

“La defensa del gobernador, la expresidenta de la sección quinta y también quien la absolvió al gobernador Amaya en el año 2016, presentaron, y digo presentaron porque es una estrategia evidente de dilación de este proceso, tres memoriales en tres diferentes procesos que ya fueron acumulados”, dijo.

El veedor aseguró que uno de los que presenta el memorial en lengua indígena, habla perfectamente español y además, ha sido contratista de la gobernación de Boyacá.

“Una leguleyada fue el lenguaje de señas presentado por William Arley Cepeda Rodríguez, otro en lenguaje indígena presentado por Sewasu Cobaria Cobaria, que dice que pertenece a un cabildo abierto pero no dice a cuál, y un memorial en lenguaje braille. Esto tiene paralizado el proceso judicial para la definición si existe en el mundo jurídico la doble militancia que se está alegando”, aseguró el veedor.

¿Qué dice la defensa?

Esta fue la respuesta de la exconsejera de Estado y quien defiende los intereses de Amaya ante la sección quinta del alto tribunal:

“Antes que nada, Andrea, renovarte la gratitud por la delicadeza que tiene La W de buscar, la que ustedes llaman, “la otra cara de la noticia”, aseguró.

“Quienes me conocen saben que no soy abogada que litigue en medios, ni fui una juez mediática durante mi magistratura. Sí soy reconocedora y defensora de la justicia, la igualdad y el respeto (…) En este caso específico, contra el actual gobernador de Boyacá, se presentaron cinco demandas por doble militancia por un video que no se publicó ni se conoció en época de campaña y que, luego de su elección, fue circulado entre familiares y amigos cercanos a un candidato al concejo municipal de Cómbita y que fue grabado en un escenario privado donde solo se encontraban el ahora gobernador y el aspirante a concejal, quien además ni siquiera alcanzó una curul”, reveló.

Se trata de un video que no cumple con los requisitos mínimos para ser tenido como prueba en un proceso judicial; de hecho, fue evidentemente editado y modificado en su contenido y que se grabó de mala fe luego de que el ingeniero Amaya fuera engañado y asaltado en su buena fe, haciéndole creer que se trataba de un candidato del Partido Alianza Verde como además lo reflejaba así su indumentaria y actitud, como el escenario en que se hizo la toma, pues solo había propaganda alusiva al Partido Verde. Se trata de un video grabado en un escenario privado, que no fue público durante la campaña y del que jamás se autorizó su divulgación y, en realidad, su ocurrencia es incierta en cuanto al tiempo y editado quitándole el final en el que decía “todos con el Verde”.

El gobernador, durante su campaña, recorrió todos los rincones de su departamento y de hecho obtuvo votación prácticamente en todas las mesas, como dan fe los jurados electorales. Algunos de quienes lo respaldaron, independientemente de sus culturas y condición, hicieron llegar al Consejo de Estado sus propias manifestaciones, entre ellos personas que se expresan en lengua indígena, en escritura braille, en lenguaje de señas.

Y añadió: “quiero aclarar y ser especialmente enfática en que estas intervenciones no han sido promovidas por la defensa del gobernador, pero sí debo decir, que soy defensora de la Constitución Política que protege los derechos fundamentales de las personas, en este caso, de la participación de dichas comunidades”.

Defiendo la democracia, el respeto y el reconocimiento de la multiculturalidad, el multilingüismo y la participación de todos los colombianos independientemente de su condición y cultura en todos los escenarios del Estado.

Si alguien es colombiano y habla castellano, de hecho, cualquiera de sus oyentes puede intervenir ante la justicia y nadie deberá cuestionar que lo haga. Las preguntas son:

  • ¿Por qué sí hay inconformidad porque lo haga un indígena o un integrante de la comunidad sordomuda o invidente que se pronuncie a favor en la demanda contra el gobernador por el que votó?
  • ¿Por qué no hay inconformidad cuando se reciben escritos en otras lenguas que respaldan los argumentos de los demandantes como actualmente ocurre en otros procesos? Es curioso que ello no sea objeto de “denuncias públicas”

Es esperanzador ver que esos colombianos que nunca han sido bien escuchados se animen a participar directa y personalmente ante la justicia en pro o en contra de sus gobernantes.

En verdad siento mucho que, a estas alturas de avance en el reconocimiento de la igualdad, aún se den estas actitudes discriminatorias hacia nuestras lenguas que son casi más auténticas que el español, hacia quienes en ellas se comunican y por supuesto que también frente a las personas con capacidades diversas. La verdad esto es muy triste.

Esto lleva a una profunda reflexión sobre el hecho de que nos falta todo por hacer en esa materia.

Reitero, yo no soy abogada mediática, soy abogada estudiosa del derecho electoral que defiende solo aquellos casos que considera que debe defender por justicia, por democracia, por convicción

Respeto profundamente la opinión del columnista y del señor veedor, a quien debo decir que habría sido especialmente enriquecedor para el proceso que hiciera parte del mismo y expresara sus opiniones y probara sus argumentos en los estrados judiciales, tan enfáticamente como lo hace en los medios.

No conozco a ninguno de los intervinientes y muy poco al gobernador a quien defiendo bajo el convencimiento de que su actuar no es contrario a derecho y que no hay mejor juez que el Consejo de Estado para reafirmarlo.

Lo que sí conozco a mi país, las normas que nos rige, reconozco y respeto la diferencia y en cualquier escenario en que me ponga la vida actuaré en defensa de la justicia, la igualdad y el respeto por el otro”.

Todos los detalles a continuación: