U. Militar respondió a Contraloría por informe sobre detrimento de más de 14 mil millones

En un comunicado emitido hoy, la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) ha respondido a los hallazgos fiscales presentados por la Contraloría General de la República en relación con una auditoría financiera correspondiente al año 2023. Esta auditoría, que analiza la gestión fiscal del año 2021, ha puesto en evidencia serias irregularidades en la compra de un edificio de posgrados ubicado en la calle 94 de Bogotá.

Según los informes de la Contraloría, el edificio adquirido en 2021 por un valor aproximado de 23.000 millones de pesos, presenta fallas estructurales significativas. Entre los problemas identificados se encuentran filtraciones en columnas, vigas y placas de contrapiso, pérdida de recubrimiento de concreto y la exposición de acero en las vigas, entre otros. Estos daños han imposibilitado el uso de los parqueaderos del edificio, lo que ha generado un impacto fiscal de 8.092 millones de pesos en la vigencia de 2023.

Además, la auditoría ha señalado una omisión por parte de las directivas de la UMNG al no realizar un peritaje estructural previo a la compra del inmueble. También se destaca que el edificio fue adquirido sin considerar que su uso, según la licencia de construcción y el avalúo, está catalogado como de comercio y servicios, no para fines institucionales o educativos.

Ante estos señalamientos, la Universidad Militar Nueva Granada ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad. En su comunicado, la rectoría de la UMNG, que asumió el cargo el 12 de febrero de 2024, subrayó que desde su llegada ha promovido una política institucional de transparencia como un eje fundamental para la gestión de recursos. Asimismo, expresó su total disposición para colaborar con las investigaciones administrativas, disciplinarias y penales que se deriven de estos hallazgos.

La UMNG también informó que actualmente se encuentra en proceso de contratación de un experto que determine la vulnerabilidad sísmica del edificio y las intervenciones necesarias para corregir las fallas estructurales. Esta evaluación permitirá conocer los costos adicionales que implicará poner en funcionamiento el inmueble para los fines educativos.

La Contraloría, por su parte, concluyó que hasta que no se realicen las reparaciones pertinentes, los sótanos del edificio no podrán ser utilizados, lo que genera un desafío adicional para la universidad en la optimización de sus recursos y la adecuación de sus instalaciones.