¿Camionetas de la UNP al servicio de los grupos armados?

En diálogo con Sigue La W, Yesid Barragán, quien hace parte del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se pronunció acerca del episodio ocurrido este 13 de agosto en Arauca en el que un vehículo particular que transportaba a un grupo de hombres que huyeron y a una persona secuestrada se detuvo antes de llegar a un puesto de control de las Fuerzas Militares.

Este vehículo era una camioneta particular de gama alta, la cual está siendo verificada por las autoridades competentes para conocer su procedencia pese al reporte inicial que indicaba que pertenecería a la UNP.

Sobre qué se sabe de este vehículo, Barragán sostuvo: “Hay bastante hermetismo al respecto, presumimos que deben ser vehículos hurtados del programa de protección porque en esa región del país es constante el hurto de vehículos, especialmente camionetas Toyota que están asignadas a la protección de población objeto del programa”.

De esta forma, Barragán aseguró que “debe ser alguna camioneta usada”.

Pero este no fue el único episodio de este tipo ocurrido hoy: entre Tame y Puerto Rondón, las tropas hallaron otra camioneta con integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su interior y uno de ellos estaría gravemente herido tras los combates que se habrían registrado contra las disidencias de las Farc.

Así, tras estos y otros episodios similares registrados en las últimas semanas –algunos con vehículos de la entidad y otros con particulares–, Barragán aseguró que “hay vacíos normativos respecto a la asignación de personas que pueden estar en un proceso de paz como negociadores”, ya que “no existe antecedente de que a unas personas que aún están en la ilegalidad se les asignen medidas de protección del Estado”.

En ese sentido, recordó que en el proceso de paz con las Farc en 2016 “nunca se le asignó un esquema de protección, una camioneta o un escolta a un negociador”, pues los esquemas fueron entregados después de firmado el acuerdo.

“Solicitamos a la Procuraduría revisar todos los antecedentes de quién hizo la solicitud para asignar ese esquema, desde dónde vino (…) no importa si son población objeto, es una discrecionalidad para proteger inmediatamente a alguien y se debe tener un soporte, una argumentación, una inminencia del riesgo y, desde luego, un soporte normativo, que es lo que desconocemos”, indicó.

Esta solicitud, según Barragán, busca proteger la imagen de la UNP, ya que “es la imagen de la entidad la que todos los días se está quedando mal por la improvisación de una dirección que desconoce los procedimientos de seguridad y la ley, pues el decreto de creación de la UNP advierte que se deben hacer coordinaciones con Ejército y Policía Nacional para otorgar estas medidas de protección”.

En cuanto al origen de estos vehículos, Barragán reiteró que existe “absoluto hermetismo” en este tema y que ellos, como funcionarios de planta de la entidad, no tienen acceso a esa información restringida: “Si lo tuviéramos y diéramos a conocer estos hechos a la opinión pública, terminaríamos siendo investigados, nos ponen a la Fiscalía encima por revelar información reservada”.

“Lo que nosotros vemos es un absoluto desconocimiento desde la dirección de la UNP en el manejo, la planeación y la organización de absolutamente, lamentamos de verdad que se esté dando esta imagen”, indicó.

En cuanto a los riesgos a los que están expuestos los escoltas de la UNP, Barragán afirmó: “Entre empresas siempre se prestan los escoltas (…) el eslabón débil de la cadena es el que termina emproblemado, sin trabajo o hasta preso”.