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Altus Baquero pide que no se ejecute sentencia que anula su elección como magistrado

Baquero se juega su última carta para mantenerse en el cargo. Reclamó que el CNE no tiene competencia para expedir el acto administrativo que anula su elección y pidió esperar a que se resuelva una tutela.

Magistrado Altus Baquero. Foto: Colprensa.

Altus Baquero se niega a quedar por fuera del Consejo Nacional Electoral y solicitó que no se expida el acto administrativo que anula su elección, tal como falló el Consejo de Estado en junio. Según él, el organismo electoral “no tiene competencia para ejecutar dicha sentencia (...) recae exclusivamente en el Congreso”.

La nulidad de su elección se confirmó con una sentencia del 6 de junio del Consejo de Estado, que resolvió que Baquero no cumplía con la experiencia profesional de 15 años requerida para el cargo de magistrado según el artículo 232, numeral 4, de la Constitución Política.

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Aunque Baquero ha interpuesto varios recursos y envió una reposición para que el Consejo pudiese tomar otra decisión, todos sus intentos han sido rechazados. Ahora busca jugarse su última carta reclamando que el CNE no tiene competencia para sacarlo del cargo y espera que se resuelva una tutela presentada ante la Corte Constitucional.

Baquero envió un derecho de petición al CNE en el que aseguró que la sentencia del Consejo de Estado no contiene ninguna orden específica dirigida al organismo electoral. Por lo tanto, “no existe competencia constitucional, legal o reglamentaria que habilite a dicha autoridad electoral para declarar la vacancia del cargo de magistrado”.

Argumentó que la competencia la tiene exclusivamente el Congreso, “que fue el órgano nominador y elector de este cargo. De hecho, el principio de paralelismo de las formas establece que las cosas en el derecho se deshacen de la misma manera en que se hicieron”.

Además, señaló que es esencial que el CNE espere a que la Corte Constitucional emita una decisión de fondo en el proceso y resuelva la tutela que presentó, en la que se discute la legalidad de la actuación de la Sección Quinta del Consejo de Estado.