Reducen monto de indemnización de la Alcaldía de Bogotá al consorcio de Relleno Doña Juana
El Consejo de Estado anuló parcialmente un laudo arbitral previo, disminuyendo la cifra de 65.000 millones a 12.000 millones de pesos.
Relleno Sanitario Doña Juana
Bogotá
Un fallo reciente del Consejo de Estado dio un giro significativo en el prolongado litigio entre el concesionario del relleno sanitario Doña Juana y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
La alta corte anuló parcialmente el laudo arbitral de abril de 2023, que obligaba a la Uaesp a indemnizar al operador, Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), por una supuesta insuficiencia económica y financiera del contrato.
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El litigio había culminado inicialmente con un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2023, en una decisión arbitral que reconocía un desequilibrio económico en el contrato no imputable al operador, obligando a la Uaesp a pagar 65.000 millones de pesos al consorcio CGR. No obstante, tras la solicitud de nulidad del fallo por parte de la Alcaldía de Bogotá, el reciente fallo del Consejo de Estado reduce significativamente esta cifra y establece nuevas directrices sobre las competencias del tribunal arbitral en tales disputas, dejando la cifra que debe pagar la ciudad en 12.000 millones de pesos.
El fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró “infundado” el recurso de anulación promovido por CGR, pero acogió parcialmente el recurso de la Uaesp. La Corte determinó que las tarifas para la disposición de residuos sólidos y el manejo de lixiviados, reguladas por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), no eran susceptibles de revisión por el tribunal arbitral, ya que dichas tarifas son de carácter regulado y no contractual, lo cual excede la competencia de los árbitros.
Esta decisión implica que las tarifas establecidas por la Resolución CRA 720 de 2015 y CRA 843 de 2018, las cuales el operador reclamaba como insuficientes, no pueden ser modificadas por un tribunal de arbitramento. Según el Consejo de Estado, cualquier ajuste o reclamación respecto a estas tarifas debe ser atendido por las autoridades regulatorias competentes y no por mecanismos arbitrales.
En términos prácticos, esta resolución no solo reduce el monto a pagar por el Distrito a CGR, sino que también sienta un precedente importante sobre la delimitación de competencias entre tribunales arbitrales y autoridades regulatorias en Colombia.
El fallo del Consejo de Estado representa un punto crucial en la disputa sobre el relleno sanitario Doña Juana, destacando la importancia de la claridad en las competencias jurisdiccionales y la adecuada aplicación de las regulaciones tarifarias. Este caso continuará siendo monitoreado de cerca por su impacto potencial en futuros litigios contractuales en el sector público y privado.
