ONU criticó modelo económico de Colombia y sugiere que empresas sean investigadas por JEP
Además, cuestionaron a las empresas que han denunciado al país en el exterior por, según su postura, defender los derechos humanos de distintas comunidades.
Foto: cortesía de la ONU.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, compuesto por Fernanda Hopenhaym y Pichamon Yeophantong visitó Colombia, e hizo un fuerte llamado al estado para garantizar los derechos laborales y las investigaciones contra empresas señaladas de haber tenido participación en el conflicto armado.
Las expertas del Grupo de Trabajo criticaron duramente al estado colombiano y su “modelo económico”, asegurando que marginaliza a diferentes comunidades.
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“El modelo económico imperante, basado en la explotación de los recursos naturales con proyectos a gran escala territorial y de volumen de producción, ha marginalizado sistemáticamente a las comunidades Indígenas, Afrodescendientes y campesinas, socavando sus formas de vida tradicionales y generando brechas de desigualdad persistentes”, indica el informe.
En el caso particular de las empresas salpicadas por presuntos vínculos con grupos armados ilegales y la ausencia de respuestas y reparaciones a comunidades, desde las Naciones Unidas se cuestionó la “falta de reconocimiento”, dificultando la “construcción de confianza”. Al tiempo, se sugirió que la labor de las empresas en el conflicto armado sea investigada por la justicia transicional.
“El Grupo de Trabajo considera que la inclusión de las empresas en la competencia automática de la JEP podría contribuir significativamente a la rendición de cuentas de actores no estatales en la justicia transicional y la lucha contra la impunidad”, señaló la ONU.
Al tiempo, criticaron la falta de efectividad de la consulta previa para tener el aval de las comunidades para la realización de proyectos, señalando que no se ha aplicado como se debería, y lamentaron asimismo que empresas multinacionales terminen denunciando al estado en el exterior luego de que este haga respetar, según su postura, los derechos humanos.
“Si bien existen audiencias ambientales públicas y está consagrado el derecho a la consulta previa en el marco legal, cuya pertinencia se discutirá más adelante, prevalece la falta de información pública adecuada y accesible y los mecanismos de abordaje de conflictos son insuficientes”, dijeron.
Frente a las amenazas a líderes que se oponen a algunos proyectos en sus territorios, el Grupo de Trabajo de la ONU lamentó el número de testimonios que “dan cuenta de los altos índices de violencia y estigmatización contra líderes sociales y autoridades comunitarias Afrodescendientes, particularmente cuando expresan posturas contrarias a la instalación u operación de proyectos empresariales en sus territorios, como sucede en La Guajira o Antioquia”.
