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Gobierno de Nicaragua envía al Vaticano a otro grupo de sacerdotes que había detenido

El Gobierno de Nicaragua informó que envió al Vaticano a un grupo de sacerdotes nicaragüenses que, según fuentes católicas, se encontraban detenidos y bajo vigilancia policial en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, en Managua.

Plaza de San Pedro en el Vaticano imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Peter Unger

El Gobierno de Nicaragua informó este jueves 8 de agosto que envió al Vaticano a un grupo de sacerdotes nicaragüenses que, según fuentes católicas, se encontraban detenidos y bajo vigilancia policial en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, en Managua.

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“El día ayer miércoles 7 de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma, Italia, siete sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede”, indicó el Ejecutivo nicaragüense en una declaración leída a través de medios oficiales por la vicepresidenta Rosario Murillo, en la que no ofreció más detalles.

Los sacerdotes expulsados de Nicaragua habían sido detenidos entre el 26 de julio y el 5 de agosto pasado, dijo en X la abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’ y que da seguimiento a esos casos.

Según la investigadora, la Policía de Nicaragua sacó del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, donde estaban recluidos los religiosos, “a 7 de los 8 sacerdotes que se encontraban secuestrados”, y trasladados al aeropuerto internacional de Managua.

Los sacerdotes nicaragüenses enviados al Vaticano fueron identificados como Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, que en su mayoría pertenecen a la Diócesis de Matagalpa (norte).

La Diócesis de Matagalpa es dirigida desde el exilio por el obispo Rolando Álvarez, que fue excarcelado y enviado a Roma en enero pasado.

El único sacerdote que sigue detenido es Frutos Constatino Valle Salmerón, de 79 años y administrador ad omnia de la Diócesis de Estelí, en el norte de Nicaragua, también administrada por Álvarez.

Gobierno ha expulsado a 46 sacerdotes de Nicaragua

Con el envío de esos siete religiosos, suman 46 los sacerdotes que han sido expulsados de Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una crisis social y política.

Organismos humanitarios, como el Colectivo Nicaragua Nunca Más, han observado que la última “arremetida” del Gobierno sandinista estuvo focalizada principalmente en la Diócesis de Matagalpa, que dirige Álvarez.

Fuentes políticas dijeron a EFE que el Gobierno de Ortega está presionando al Vaticano para nombrar un nuevo obispo en la Diócesis de Matagalpa.

El Gobierno del Ortega acordó en enero pasado con la Santa Sede el envío al Vaticano de Álvarez y del obispo Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenía privados de libertad.

El 18 de octubre pasado, el Gobierno nicaragüense también excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país.

Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros ocho sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.

En esa ocasión el obispo Álvarez, que tenía casa por cárcel, se negó a subirse al avión, fue enviado a una prisión de máxima seguridad, y condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados de traición a la patria.

La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse al avión que lo iba a llevar con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses a Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, que en cadena nacional lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.