La Paz Total del Gobierno a dos años de mandato: análisis sobre avances y dificultades

El Gobierno del presidente Gustavo Petro llega a la mitad de su periodo de mandato con varios procesos de negociación abiertos, enmarcados dentro de la política de “paz total”, líneas de negociación con diferente enfoque político así como de oferta de sometimiento a la justicia, pero que con las acciones de varios grupos y la incertidumbre jurídica han puesto en entredicho la confianza en esos procesos.

Para María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, la idea de una “paz total” que comenzó con una robusta expectativa, con el paso del tiempo ha empezado a generar grandes interrogantes sobre su viabilidad.

“La paz total pasó de una idea grandilocuente a una paz parcial, fragmentada, territorial, que en su ejecución mantiene serios problemas metodológicos. (...) avanzar en estos procesos toma tiempo, a estas alturas parece que la Paz Total es más un modelo de interlocución con los ilegales que no tiene como fin último su desarme y desarticulación” afirmó Llorente.

La directora de la FIP, asimismo, expresó que el enfoque del actual Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, mucho más territorial, “con la lógica de la fragmentación de los grupos, sin embargo, se ha menospreciado de hechos como la división evidente del Estado Mayor Central y un frente del Eln en Nariño”.

PROCESO DE PAZ CON LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC

En la actualidad es el proceso de paz que muestra un mayor nivel de avance aunque se enfrenta a un escenario complejo: este grupo armado Estado Mayor Central se dividió y en la mesa de conversaciones están sentados solo un 45% aproximado de los integrantes, al mando de alias ‘Calarcá' y alias ‘Andrey’, mientras que el restante están al control de “Iván Mordisco” quien ha venido incrementando sus acciones criminales en el Cauca, el Valle del Cauca y declarado la guerra a ‘Calarcá’ y ‘Andrey’ y sus hombres.

En este momento, hay un cese al fuego vigente entre el gobierno y el EMC al mando de “Calarcá” y “Andrey”, el cual ha sido respetado por parte de ese grupo armado ilegal, aunque son crecientes las denuncias de extorsiones en departamentos como el Meta. También aceptaron entregar sus coordenadas y se han realizado distintas reuniones en territorio para discutir obras para la comunidad, punto que ha sido objeto de polémica.

PROCESO DE PAZ CON EL ELN

Previo a la crisis en la que se encuentra el proceso producto de acusaciones del ELN contra el Estado frente a incumplimientos de lo pactado, era la mesa de negociación que se estimaba que avanzaba más rápidamente con un proceso robusto de participación de la sociedad y un cese al fuego que a excepción de algunos incidentes se estaba respetando, pero en la actualidad la negociación está congelada, sin cese al fuego vigente, absoluta incertidumbre del futuro y exigencias de la guerrilla para que la retiren de las bandas criminales.

Aunque al inicio del proceso con la guerrilla del ELN se pensaba que esta mesa de negociaciones podría culminar con un acuerdo final de paz al término de este gobierno, su situación actual empantanada sugiere que se aleja la posibilidad de una firma antes de que acabe el mandato del presidente Petro, situación que para María Victoria Llorente se podría hacer extensiva a las otras líneas de negociación abiertas que tiene el ejecutivo.

“La mesa con el ELN espera transformaciones estructurales del estado y del modelo económico. El optimismo inicial para lograr acuerdos rápidos se diluyó cuando el gobierno cedió a las pretensiones de los grupos y perdió el control de los tiempos de negociación. A ellos no les importa, finalmente ellos siempre estarán ahí” expresó la directora de la FIP.

PROCESO DE PAZ CON LA SEGUNDA MARQUETALIA

Uno de los procesos de negociación que arrancó de nuevo hace poco y con medidas concretas fue el proceso de paz entre el gobierno, bajo el liderazgo de Armando Novoa, y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Inició con un cese al fuego unilateral desde ese grupo y la disposición para entregar la georreferenciación de las zonas donde esa estructura ilegal hace presencia.

Por último, en estos procesos de carácter nacional en las últimas horas fue anunciado el inicio de los diálogos de conversación “sociojurídica”, es decir, de sometimiento a la justicia, con el Clan del Golfo. Hasta el momento todo es incertidumbre, partiendo del hecho de que ni siquiera hay aprobado un marco jurídico, una ley, que se pueda aplicar y ofrecer concretamente a ese grupo ilegal, del cual será jefe negociador su comandante Jobanis Ávila, alias ‘Chiquito Malo’.

En relación con estas mesas de conversación de carácter nacional, en la lupa de la Fundación Ideas para la Paz, resulta evidente que el Gobierno Nacional continúa incurriendo en improvisaciones, la falta de método, ausencia de líneas rojas y graves problemas de comunicación.

“Lo que está sucediendo con el ELN y la división del EMC son una clara muestra de ello. El gobierno está desestimando el paso del tiempo, ha aplazado algo tan fundamental como el marco jurídico para las distintas mesas. ¿Cómo resolver la situación de firmantes de acuerdos previos con el estado quienes bajo las normas vigentes no tendrían otra salida que someterse a la justicia ordinaria?” mencionó Llorente.

LAS CONVERSACIONES CON LAS BANDAS CRIMINALES

Otra de las líneas en las que el Gobierno ha querido avanzar es en las conversaciones de carácter “sociojurídico”, en este caso locales, con las bandas criminales tanto de Medellín, como de Buenaventura, así como del Chocó, y también en las cárceles.

Sin duda las mesas de diálogo que, en medio de grandes obstáculos, han mostrado algunos resultados son las que se han llevado a cabo en Buenaventura y Medellín-Valle de Aburrá, con treguas prolongadas (interrumpidas por algunos homicidios) así como en Quibdó. Pero, los esfuerzos se han venido dilatando debido a la ausencia de ese marco normativo (ley de sometimiento) que garantice el escenario jurídico sobre el cual se pueda trabajar a fondo.

Esta ley de sometimiento sigue siendo para Llorente, un punto crucial que el gobierno debe atender en esta legislatura, sin tener certeza sobre si realmente le alcanzará el tiempo para su aprobación y aplicación.

Así las cosas, el gobierno nacional se enfrenta a dos años en los que deberá concretar avances tangibles con los grupos armados ilegales más allá de las treguas y ceses al fuego, sobre todo, teniendo en cuenta que el tiempo se agota para que pueda cerrar la desmovilización de alguna de las estructuras con las que se encuentra negociando.

“Al gobierno se le agota el mandato, bien sea para intentar firmar acuerdos o para dejar mesas lo suficientemente sólidas como para que a los grupos no les quede más remedio que seguir sentados luego del 2026″, puntualizó María Victoria Llorente.

Pero además, en los casos donde se estima no una negociación política sino de sometimiento a la justicia, resultará para el ejecutivo prioritario avanzar en el trámite del marco jurídico en el Congreso de la República. Será un eje central para determinar si la política de “paz total” será exitosa o fracasará en el intento.