Fiscalía pide que Olmedo López, Sneyder Pinilla y ‘El Pastuso’ vayan a guarnición militar

Tras más de siete horas de audiencia, la fiscal María Cristina Patiño culminó su argumentación para solicitar una medida de aseguramiento para Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD); Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, y el contratista Luis Eduardo López, ‘el Pastuso’.

La representante del ente acusador remarcó que la medida debe enmarcarse en una detención preventiva, y no en otras menos restrictivas —como prohibición de salir del país, obligación de comparecer ante las autoridades o mera vigilancia—, porque tanto la seguridad de los procesados como la de las pruebas está en riesgo.

Según Patiño, en la UNGRD han “desaparecido” más de sesenta cajas con documentos relacionados con la contratación amañada de la Unidad. El representante de la Contraloría General de la República, que busca acreditarse como víctima en el proceso penal, corroboró la cifra durante su intervención en la diligencia.

Imponer una medida cautelar que encierre a los tres implicados surge “de la necesidad apremiante de proteger la comunidad de los delitos imputados y de evitar la transgresión, manipulación o adulteración de las pruebas”, afirmó la fiscal, quien calificó su petición como “un asunto que requiere atención prioritaria, dadas las calidades de los investigados”.

López, Pinilla y ‘el Pastuso’ poseen un “poder de influencia política, económica e incluso frente a la opinión pública” que debe limitarse con una reclusión. Además, “la gravedad y modalidad de las conductas que desarrollaron con la concurrencia de otros funcionarios y particulares del entramado de corrupción” hacen “urgente” alejar a los procesados.

Patiño precisó que la desaparición de cajas y documentos de la Unidad “conduce claramente a inferir que actualmente en la UNGRD existen funcionarios o contratistas, vinculados con la organización criminal, que están desapareciendo o modificando material probatorio necesario para esta y otras investigaciones en curso”.

Asimismo, indicó que la eliminación de elementos que la Fiscalía podría usar no solo ocurre actualmente, sino que ha pasado incluso durante la ejecución de los cinco delitos endilgados a López, Pinilla y ‘el Pastuso’. La defensa de López ha narrado cómo un teléfono fue presuntamente intervenido y Pinilla ha confesado que borró algunos chats.

De todos modos, la delegada del ente investigador no pidió que el Juez 35 de Control de Garantía envíe a la cárcel a los tres principales implicados en el saqueo a la Unidad, sino que, de acceder a la medida privativa de la libertad, considere recluirlos en una guarnición militar, donde su seguridad podría correr menos riesgo.

“Los motivos que amparan este requerimiento se cimientan en razones de seguridad de los imputados, quienes han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal, en razón a que los procesados han decidido colaborar con la administración de justicia en virtud del principio de oportunidad y los preacuerdos”, señaló la fiscal.

Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López fueron imputados el 25 de julio por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. En total, veintiún contratos fueron desviados, asignados a dedo o usados como coimas.

En sus confesiones ante el ente investigador han señalado a otros funcionarios que no han sido procesados por la justicia y que presuntamente estarían involucrados, como el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien habría coordinado con la “organización criminal” el direccionamiento de contratos en Cotorra, el Carmen de Bolívar y Saravena.

Además, resultaron señalados el exdirector de la Inteligencia Carlos Ramón González, quien mientras fue director del Dapre habría ordenado “cumplirles” a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle con sobornos; el director del Departamento de la Función Pública, César Manrique, y el exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto.