Desfalco de UNGRD en Guajira superó los $14.000 millones: Olmedo quedó con $724 millones
Según la Fiscalía, la “organización criminal” en el interior de la UNGRD llegó a la cifra gracias a los sobrecostos en el alquiler de los cuarenta carrotanques que debían llevar agua a La Guajira.
Olmedo López. Foto: Colprensa.
Tras varias conversaciones en 2023 entre Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres; Pedro Rodríguez, entonces asesor jurídico de la Unidad, y el empresario Luis Eduardo López, ‘El Pastuso’, se concretó el desfalco a la entidad en La Guajira.
De acuerdo con la fiscal María Cristina Patiño, Olmedo y Sneyder acordaron con ‘El Pastuso’ recibir el 14% del valor del contrato para adquirir los cuarenta carrotanques que debían surtir de agua a las poblaciones más vulnerables de La Guajira en el marco de la emergencia sanitaria que el Gobierno declaró para mover recursos más rápidamente.
El porcentaje se justificaría con sobrecostos en el valor de la orden de proveeduría que sería adjudicada a dedo a Impoamericana Roger SAS, una de las diecisiete empresas que el nariñense representa a nombre propio. El acuerdo se concretó en septiembre de 2023 con ‘el Pastuso’, Pinilla, Rodríguez y “otros funcionarios”, señaló la fiscal.
La idea era que la UNGRD le enviara a tres empresas de López la invitación a cotizar los carrotanques. Pinilla, el encargado de decidir finalmente, seleccionó a Impoamericana con el argumento de que no pidió un anticipo del valor del contrato, que ya tenía precios incrementados “injustificadamente”, como expresó la Fiscalía.
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El exsubdirector le envió a la Fiduprevisora la solicitud de desembolso del 80% del valor del convenio. Sin embargo, la fiduciaria la rechazó, precisamente porque en un inicio la propia compañía era la que escogía no recibir esa cantidad. La “organización criminal”, como la califica el ente investigador, decidió acordar un pago contraentrega de los vehículos.
Semanas después, en noviembre de 2024, Pinilla y ‘el Pastuso’ suscribieron un acta de “entrega y recibo a satisfacción” de los cuarenta carrotanques, “lo cual no correspondía a la realidad”, porque los vehículos apenas estaban siendo ensamblados. Su objetivo era viabilizar la solicitud de pago de los tanques ante la Fiduprevisora.
Gracias al acta, la Fiduprevisora ordenó pagarle a Impoamericana más de $46.800 millones, de los que finalmente fueron desembolsados $44.302 millones. Los carrotanques, por su parte, fueron entregados en su totalidad apenas en enero de 2024. Su precio era de unos $37.764 millones, por lo que los sobrecostos ascendieron a $14.163 millones.
Del total de la cifra, ‘el Pastuso’ le dio $6.342 millones a la “organización criminal” que se concertó para delinquir en la UNGRD. Sneyder Pinilla debía distribuir $5.342 millones, y lo hizo, según lo que detalló la Fiscalía, entregando $3.000 millones al expresidente del Senado Iván Name y $1.000 millones al expresidente de la Cámara Andrés Calle.
Además, Pinilla pagó $276 millones en intereses de un préstamo con el que había adquirido los $4.000 millones antes de que se concretara el negocio de los carrotanques, le entregó $724 millones a Olmedo López, como partida que le correspondía por ser parte del entramado, y al final se quedó con $342 millones.
El resto de la plata de los sobrecostos, que sobrepasa los $7.821 millones, se quedó en los bolsillos de Luis Eduardo López. Fue así como, después de haber incurrido en un presunto concierto para delinquir, los exdirectivos de la UNGRD y el contratista cometieron peculado por apropiación y en un interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía les imputó a López, Pinilla y ‘el Pastuso’ cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. En total, según lo detallado por el ente investigador, lo habrían cometido en veintiún contratos u órdenes.
María Cristina Patiño, la fiscal encargada del caso, espera obtener una medida de aseguramiento en contra de los involucrados, quienes hasta ahora han reconocido haber participado en actividades delictivas. Las defensas de los tres han anunciado que no se opondrán, aunque esperan que se cumpla en una guarnición militar.