Agencia de Tierras y el Departamento de Función Pública: las ramas del desfalco a la UNGRD

Durante la audiencia en la que la Fiscalía busca una medida de aseguramiento para Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, y el contratista Luis Eduardo López, ‘El Pastuso’, aparecieron otros nombres clave.

Se trata de dos funcionarios que actualmente no han sido judicializados, pero a los que la Fiscalía señala sin titubear tras varias confesiones de Olmedo. Ambos aparecen en un organigrama que la fiscal María Cristina Patiño presentó con el fin de explicar que en el interior de la Unidad se conformó una “empresa criminal” u “organización criminal”.

Entre las cabezas del saqueo a la Unidad aparece César Manrique Soacha, actual jefe del departamento de la Función Pública, y Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento del Riesgo. De acuerdo con la Fiscalía, López, Pinilla y Barreto habrían concertado “cometer delitos contra la administración pública”.

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Los tres y el asesor jurídico de la Unidad, Pedro Rodríguez Melo —quien ha sido nombrado como el enlace entre los exdirectivos de la UNGRD y ‘el Pastuso’, aunque tampoco ha sido procesado—, se interesaron “indebidamente en las modalidades de contratación privadas” de la entidad para utilizarlas a su favor mediante el direccionamiento de convenios.

El ente investigador determinó que López y Barreto gestionaron el traslado de $100.000 millones de un convenio que la Unidad había firmado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El trato era que la millonaria cifra llegara a la entidad y el entonces director “permitiría” que Manrique y Barreto “direccionaran la contratación a empresarios cercanos”.

Los contratos a dedo serían sobre “plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”. Según la Fiscalía, el economista exmilitante del Polo Democrático acordó el pago de los sobornos con César Manrique, a quien califica como “jefe político de Luis Carlos Barreto”.

Como contraprestación por la recepción de los $100.000 millones, que saldrían de un trato de $200.000 que la UNGRD tenía con la Agencia de Tierras, López y Manrique acordaron recibir el 7% de cada contrato, que sería distribuido entre el exdirector, el exsubdirector Pinilla y cada persona que interviniera en el trámite y la firma de los contratos.

Según las pesquisas del ente investigador y las confesiones de López en interrogatorios, el exfuncionario comenzó a gestionar el traslado del dinero desde que posesionó, el 30 de junio de 2023 en La Guajira, a Luis Carlos Barreto, cuya hoja de vida para fungir como subdirector llegó de parte de César Manrique.

Originalmente, el convenio entre la UNGRD y la ANT para comprar y asignar tierras para proyectos productivos fue firmado en enero de 2023 por más de $201,5 mil millones. Con el pretexto de atender nuevas emergencias, la cifra fue modificada en octubre de 2023, a través de un otrosí, para reducirla en los $100.000 que llegaron a la Unidad.

El exdirector López, según la imputación del 25 de julio de la Fiscalía, destinó la plata a la Subdirección de Manejo de Desastres, cuyo jefe era Sneyder Pinilla, para “facilitar una contratación expedita”, más célere y con menos requisitos, que en realidad era “dirigida por el señor Luis Carlos Barreto y su jefe político, César Manrique”.

“Usted consintió que el señor Luis Carlos Barreto, quien dirigía una subdirección diferente, junto con una contratista de la subdirección de Manejo, participaran en la elaboración de la documentación contractual ilícita”, aseveró la fiscal del caso, quien señaló a Olmedo López por avalar que el “valor ilícito de cada contrato” fuese asignado por Barreto y Manrique.

La Fiscalía ha identificado que, en total, a nivel nacional, veintiún órdenes de proveeduría y contratos se entregaron a partir de la “organización criminal” encabezada por López y Pinilla. Seis de ellas fueron entregadas al ‘Pastuso’, entre las que se encuentran los cuarenta carrotanques que, tras sobrecostos, debían llevar agua a La Guajira.

Otros siete contratos, por su parte, fueron financiados por los recursos trasladados desde la Agencia Nacional de Tierras. En total, los veintiún convenios suman más de $228.844 millones, de los que $96.347 fueron destinados en contratos gracias a los $100.000 que Olmedo López y César Manrique presuntamente pactaron.