Demanda de Thomas Greg contra Cancillería por pasaportes llegará a sentencia “anticipada”
El litigio, que a partir de ahora tendrá intervenciones de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, promete ser más corto de lo que se esperaba.
Tres pasaportes colombianos desplegados junto a un globo terráqueo y un bolígrafo en un escritorio de madera (Getty Images) / Carlos Andres Serna Pulido
La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que el lío jurídico por la fallida licitación para fabricar pasaportes en Colombia se resolverá más rápidamente de lo que se creía.
Tras desestimar algunas pruebas que pedía la Cancillería, la magistrada Bertha Ceballos anunció una sentencia anticipada.
El litigio comenzó con la demanda que la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada mayoritariamente con la multinacional Thomas Greg & Sons, interpuso para anular el acto administrativo con el que el Gobierno declaró desierto el proceso de licitación con el que se le asignaría a una empresa la tarea de elaborar los pasaportes en Colombia.
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La Cancillería había emitido dos resoluciones con las que aseveró que no le entregaría el contrato para los documentos a la empresa Thomas Greg, que ya llevaba varios años como encargada. En febrero de este año, José Antonio Salazar, entonces secretario de la Cancillería, tumbó amos documentos y echó a andar, de nuevo, la licitación.
Y por eso el propio presidente Gustavo Petro apartó de su cargo a Salazar. Una resolución de junio terminó revocando todo lo que el exfuncionario hizo en función de la fallida contratación. La demanda siguió adelante y el Tribunal Administrativo la admitió en abril. Poco más de tres meses después, se examinaron algunas pruebas y propuestas.
El Tribunal determinó que los testimonios que el Ministerio de Exteriores pidió excusar “son inconducentes e inútiles”. “Su objeto se refiere a los antecedentes de la licitación pública que ya obran en el expediente y a los aspectos técnicos de los pasaportes electrónicos”, explicó el órgano administrativo, que solo admitirá prueba documental.
O sea, en lo que queda del proceso el Tribunal solamente revisará los documentos que ya ha ordenado, como las resoluciones, las motivaciones de ellas, los informes que contengan especificaciones técnicas sobre qué deberían aportar los proponentes de la licitación, los antecedentes de la contratación, entre algunos otros.
La eventual sentencia podría condenar al Estado si se comprueba, como lo advirtió Thomas Greg & Sons, que el Gobierno utilizó motivos falsos para abusar de su poder y anular ilegalmente el proceso licitatorio. Además de anular las resoluciones, la compañía pide un restablecimiento del derecho de más de $115.000 millones.
El Gobierno, por su parte, sumó a sus filas en el litigio a una nueva aliada: la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, actualmente en cabeza del exmagistrado del Consejo de Estado César Palomino Cortés. La entidad le envió el primero de julio al Tribunal un oficio en el que pide acceder a todo el expediente para poder intervenir adecuadamente.