Judicial

JEP no tiene garantías de seguridad para buscar desaparecidos en zona sensible del Caquetá

En un informe conocido por La W, la Fiscalía de ese tribunal advirtió que en la actualidad no hay condiciones viables para poder intervenir varios puntos forenses de interés en el municipio de La Unión Peneya.

Cortesía: JEP.

La W tuvo acceso a un delicado informe de seguridad rendido por la Fiscalía de la JEP (UIA) con destino al despacho que investiga el reclutamiento de menores y crímenes sexuales cometidos por las Farc, en el cual se advirtió que en la actualidad no hay condiciones de seguridad para continuar avanzando en la intervención de varios lugares en el municipio de La Unión Peneya (Caquetá).

Lo anterior, debido al control militar que han venido ejerciendo las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá', que, según el documento en poder de W Radio, han atacado misiones humanitarias, han asesinado líderes sociales que colaboraban en la búsqueda de desaparecidos entre otras políticas de control sobre la población.

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Todo esto, agravado por el rompimiento del cese al fuego por parte del gobierno con las estructuras de ‘Mordisco’ y los eventuales enfrentamientos que puede haber entre ese grupo y el de alias ‘Calarcá' luego de que se produjera una división dentro de este grupo armado EMC.

“La presencia del grupo armado en el centro poblado de La Unión Peneya se ha caracterizado por imponer todo tipo de medidas de control social. De esa forma, controlan qué se puede hacer y quién puede entrar o salir de la zona. Las labores humanitarias no están exentas de estos hechos ya que el EMC ha atacado a misiones médicas, ambulancias, centros médicos y personas que trabajan en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”, señala el informe.

Para la Fiscalía de la JEP, la labor de búsqueda de desaparecidos en la zona de La Unión se encuentra en el peor de los mundos, debido a que ni siquiera hay condiciones para la libre movilidad por cuenta de los retenes de las disidencias de las Farc “quienes determinan cuáles son los horarios para desplazarse”.

“Con base en lo anterior, se puede concluir que no hay condiciones de seguridad en el centro poblado de la Unión Peneya, lugar donde están ubicados puntos de interés forense para la JEP”, indica el informe reservado.

Adicionalmente, en el documento en poder de los magistrados de la JEP, (con el cual deberán tomar decisiones sobre la continuidad de las siguientes fases de intervención al centro poblado de La Unión que en el pasado fue un fortín de las Farc), señalaron los investigadores que la situación se agrava con las amenazas de las disidencias a la población civil para que informe cualquier actividad “anormal” y no presten ninguna ayuda ni denuncien posibles fosas, o serían declarados “objetivos militares”.

“Además, se identificaron escenarios de riesgo para agentes del Estado, excombatientes de las otrora FARC-EP y personas que ejercen roles de liderazgo dentro de su contexto comunitario que deben tenerse en cuenta en caso de que se considere realizar la actividad técnico forense”, pusieron de presente los investigadores.