Secretaría de Transparencia pide investigar a funcionarios de la Alcaldía de Tunja

Tunja

Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, compulsó copias a la Fiscalía 21 Seccional Tunja y a la Procuraduría para que investigue hallazgos y hechos jurídicamente relevantes donde presuntamente involucran al alcalde de la capital boyacense, Mikhail Krasnov, a los contratistas de la alcaldía, Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez y Juan Sebastián Ramírez García, y a la Comisión de Disciplina Judicial para que haga lo propio con los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, Luis Ernesto Arciniegas y Diego Mauricio Higuera Jiménez.

El secretario de Transparencia pide que se investigue la contratación directa y a través de la Empresa Ecovivienda realizada por parte de la Alcaldía de Tunja de Juan Sebastián Ramírez García, el abogado que había interpuesto una demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, pero que la retiró y días después fue contratado.

También a Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez, quien tiene un hijo con el presidente del Tribunal Administrativo de Boyacá, Luis Ernesto Arciniegas, y quien lleva una de las demandas que buscan la salida del mandatario de la ciudad.

Por otro lado, en otro escrito del 30 de julio de 2024 suma a esas solicitudes al gerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, por las conductas presuntamente tipificadas llevadas a cabo en torno a los mismos hechos en calidad de copartícipes en la modalidad que corresponda y quien fue nombrado por el alcalde Mikahil Krasnov mediante Decreto No. 0036 del 09 de enero de 2024 y quien suscribió el contrato de prestación de servicios No. ECO-CD-001-2024 con el abogado Juan Sebastián Ramírez García”.

Idárraga solicita que se investigue a Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la Alcaldía Municipal de Tunja, quien presuntamente facilitó las gestiones para la vinculación contractual del abogado Juan Sebastián Ramírez García en ECOVIVIENDA y quien manifestó en oficio radicado ante la Secretaría de Transparencia el 23 de julio de 2024 que:

“Se realiza la verificación en la plataforma SECOP II y en el archivo físico del Municipio de Tunja, arrojando que el señor Juan Sebastián Ramírez García no ha suscrito contrato alguno en años anteriores con Tunja”.

Advierte el documento del secretario de Transparencia que, “lo anterior pese a ser de su pleno conocimiento la vinculación del señor Ramírez García con la Alcaldía, a través de un establecimiento comercial descentralizado del orden municipal; circunstancia que podría conllevar, incluso, una presunta falsedad en documento público, ya que la certificación de inexistencia de personal con la que se vinculó al señor Ramírez García, fue expedida por Deicy Liliana Melo Serrato, directora del Departamento Administrativo de Gestión, Servicios y Función Pública de la Alcaldía de Tunja, quien hizo constar que, “según revisión efectuada por el Departamento Administrativo de Gestión, Servicios y Función Pública, sobre la Planta de Personal de la Administración Central del Municipio de Tunja, se verificó que no existe personal suficiente con título profesional”.

Por su parte, también pide que se vincule a las investigaciones a Miguel Ángel Ruiz, quien fue coordinador de campaña del alcalde Krasnov; quien a título de “supernumerario” habría fungido como asistente personal del mandatario, facilitando la contratación del señor Ramírez García, así como supervisando el desistimiento que éste último efectivamente realizara de la demanda de nulidad electoral con radicado 2023-00429-00 ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Pero no son los únicos a los que se solicita investigar, ya que pidió investigar los “hechos presuntamente constitutivos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato u otros, en relación con la Gestora Social de Tunja y pareja sentimental del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, Sara Catalina Pedraza, y los concejales Camilo Hernán Hoyos, Simón Parra y Sandra Milena Estupiñán, quienes presuntamente habrían concertado con el alcalde de la ciudad el otorgamiento de contratos de prestación de servicios a cambio de su favorecimiento en las votaciones en el cuerpo colegiado del orden territorial”, termina diciendo el documento enviado por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.